Lunes, 26 Julio 2010 00:00

Propuesta del MSICG: "Enfrentando la crisis con trabajo decente"

Guatemala históricamente ha sacrificado el desarrollo humano. Si bien los Acuerdos de Paz han permitido un avance formal en los derechos civiles y políticos de los guatemaltecos, aún es difícil percibir que el Estado, en el período democrático, haya podido construir la indivisibilidad, ética y práctica, que debe existir entre estos derechos -civiles y políticos- y los derechos sociales como la educación, la salud, y el derecho al trabajo, entre otros.

Aunque el país tiene un nivel de desarrollo que podría permitir a una proporción significativa de excluidos dejar de serlo, actualmente más del 50% de los ciudadanos guatemaltecos se encuentra bajo la línea de la pobreza, mientras cerca de un 15% vive en condiciones de extrema pobreza, revelando así la desigual distribución del ingreso, que a su vez es causa y efecto de otras desigualdades, que se manifiestan tanto en la segmentación por inserción productiva y por factores territoriales, étnicos y de género, como en las históricas inequidades en el acceso a activos y patrimonios, tales como el conocimiento y la tierra, entre otros.

La desigualdad distributiva ha representado un perjuicio para la sociedad guatemalteca, en varios sentidos. En primer lugar, porque la concentración del ingreso ha atentado contra la posibilidad, para un gran número de hombres y mujeres, de alcanzar la calidad de una vida digna y ejercer sus legítimos derechos. En Guatemala, el 43% del ingreso nacional se concentra en el 10% de la población con mayores ingresos, mientras el 10% más pobre de los ciudadanos obtiene el 1.3% del ingreso nacional.  En segundo término, la distribución del ingreso ha determinado, dramáticamente para el caso de las madres, mayores o menores posibilidades de sobrevivir en el periodo de gestación, pues la concentración de la riqueza segmenta implícitamente el pleno derecho a la vida,que es el primero de todos los derechos. Los registros de muertes maternas revelan que a menores niveles de ingreso y educación, existen mayores posibilidades de morir durante el embarazo.

En tercer lugar, otra de las peores manifestaciones de la inequitativa distribución del ingreso se manifiesta en las áreas rurales, en donde se concentran, paradójicamente, la producción de alimentos y la mayoría de hombres, mujeres y niños hambrientos. En Guatemala, el flagelo del hambre se manifiesta con mayor intensidad en las áreas rurales, con predominancia indígena, y entre personas con bajos niveles de educación. Y, finalmente, la inequitativa distribución de la riqueza ha provocado que en el país, más de un millón de niños de entre 5 y 17 años, provenientes en su mayoría de hogares pobres, rurales e indígenas, deban insertarse al mercado laboral,5 lo que en muchos casos no solamente viola las normas nacionales e internacionales que regulan el trabajo infantil, sino que sacrifica las posibilidades que tienen estos niños y jóvenes de construir un proyecto de vida que permita romper el círculo de la pobreza.

El mercado laboral es un fiel reflejo de la desigualdad y exclusión prevaleciente en el país. Por un lado, la flexibilidad en las relaciones laborales ha provocado una disminución de los empleos dignos, asalariados y estables, transformando a los trabajadores en cuenta propistas, que en su mayoría obtienen bajos ingresos. En la actualidad, aunque el 49% de los trabajadores se encuentran en la economía formal, más del 80% no cuenta con un contrato de trabajo, además de carecer del acceso a la seguridad social. Por otro lado, en el mercado laboral hay una tendencia al aumento de los trabajadores informales. La mayor parte de esta población tiene en común la poca experiencia laboral, la limitada educación y el provenir de hogares pobres y en su mayoría de zonas rurales, en donde la baja cobertura y calidad del sistema escolar, aunada a la pobreza, los ha hecho integrarse de manera temprana al mercado laboral, desempeñando trabajos de baja productividad, baja remuneración, fuera del marco legal establecido y sin la protección del Estado, otorgada por medio de la Seguridad Social. La insuficiente supervisión laboral del Estado, ha fomentado el incumplimiento de los derechos laborales.

En materia de género, Guatemala es el país de América Latina con la mayor brecha salarial entre hombres y mujeres, y en donde aún subsisten mecanismos de discriminación hacia las mujeres trabajadoras, tales como la solicitud de pruebas de embarazo, como requisito previo para acceder al empleo. Este tipo de pruebas son solicitadas, incluso, por entidades del Estado.7 Otra desventaja para las madres trabajadoras guatemaltecas, lo constituye la carencia de centros de aprendizaje y cuidado infantil públicos.

En cuanto al diálogo tripartito (gobierno, trabajadores y patronos), este se ha visto afectado por la falta de voluntad política del Estado, para respetar y promover el cumplimiento de los convenios internacionales y de las normas nacionales vigentes en materia laboral, lo que se evidencia, tanto en la fijación arbitraria y sin consulta con los trabajadores, del salario mínimo para el sector de la exportación y la maquila, como en el congelamiento del mismo en 2009. En este sentido, conviene recordar que el salario mínimo se ha mantenido siempre muy por debajo del Costo de la Canasta Básica Vital –CCBV-. Actualmente, el 87% de los trabajadores obtiene ingresos inferiores al CCBV, mientras el 50.1% no devenga el salario mínimo fijado legalmente.

Así como el salario no ha cumplido su función de mecanismo directo para redistribuir la riqueza, tampoco la política fiscal ha tenido éxito como mecanismo indirecto para generar una mayor equidad social. Los ciudadanos con menores ingresos soportan, proporcionalmente a sus recursos, una carga de impuestos superior a la que recae sobre los ciudadanos con ingresos más altos, como resultado de una estructura tributaria alejada de los principios de equidad horizontal (a igual ingreso, igual impuesto) y vertical (a más ingresos, más impuestos),10 en donde los privilegios fiscales (subsidios, exenciones y exoneraciones de impuestos), no solamente se otorgan de manera subjetiva, en su mayoría, a sectores económicos pujantes, sino que limitan las posibilidades del Estado de obtener suficientes recursos para ejecutar políticas públicas de beneficio social, que logren una mayor gobernabilidad y estabilidad política, que promuevan una mayor inversión privada, y que encaminen a la sociedad por la senda del desarrollo humano sostenible, entendido este como la mezcla idónea de competitividad nacional para el crecimiento económico, respeto y promoción de los derechos humanos y compromiso con los recursos naturales.

La magnitud de la actual crisis económica empeorará las condiciones de desigualdad anteriormente descritas. Las principales propuestas gubernamentales para enfrentar la crisis proponen, por un lado, priorizar el gasto social,11 lo cual debe observarse como una medida atinada, y la reforma tributaria, actualmente en el Congreso de la República, constituye un primer avance para el aumento de las capacidades del Estado para financiar las políticas públicas. Sin embargo, en materia laboral, las propuestas han girado en torno a la flexibilización, de hecho y de derecho, de las garantías mínimas que protegen a los trabajadores, lo que aleja aún más al Estado del cumplimiento de sus compromisos y obligaciones para con los hombres y mujeres trabajadores.

Ante este panorama  el MSICG ha presentado al Presidente de la república de Guatemala, Ing. Alvaro Colom, una propuesta integral, que permitiría, en el marco de la crisis económica y social, replantear el modelo de crecimiento económico vigente, para encontrar solución a los problemas del desarrollo humano, de la justicia social y del trabajo decente a través de una serie de medidas relacionadas con la educación, la salud, la asistencia social, el problema de vivienda, el trabajo y la seguridad social, la inversión en la infrastructura para la generación de empleo, la implementación de una política de desarrollo rural y el manejo de recursos naturales y económicos del Estado, entre otros.

Adjunto a este artículo está disponible para su descarga el texto completo de la propuesta realizada por el MSICG.

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