Políticas públicas (4)

El Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG- ve con mucha satisfacción el inicio del procedimiento de consultas iniciado por el Gobierno de los Estados Unidos en el marco del Capítulo XVI del CAFTA y entiende el mismo como un proceso que puede coadyuvar a generar la voluntad política necesaria para impulsar los cambios que resultan indispensables para solucionar la problemática estructural que se evidencia en los casos presentados como ejemplificación del incumplimiento sistemático de los derechos humanos laborales y sindicales en Guatemala. Esta problemática estructural ha sido señalada de manera constante por los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo; especialmente por el Comité de Libertad Sindical –CLS-, la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones –CEACR- y la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del trabajo –CAN- en donde el caso de Guatemala ha sido reiteradamente examinado por violaciones a los Convenios 87 y 98 de la OIT sin que hasta la fecha se hayan mostrado avances significativos en sus niveles de cumplimiento; en cambio sí, un recrudecimiento de las cuestiones denunciadas. Para el MSICG la problemática evidenciada en los casos que se ejemplifican dentro de este procedimiento respecto a la omisión por parte del Estado de Guatemala en aplicar y respetar los derechos humanos laborales y sindicales como un curso de acción e inacción para garantizar beneficios comerciales a costa de la sobreexplotación de los trabajadores y trabajadoras, es estructural y en ella concurren varios factores de hecho y…
Guatemala históricamente ha sacrificado el desarrollo humano. Si bien los Acuerdos de Paz han permitido un avance formal en los derechos civiles y políticos de los guatemaltecos, aún es difícil percibir que el Estado, en el período democrático, haya podido construir la indivisibilidad, ética y práctica, que debe existir entre estos derechos -civiles y políticos- y los derechos sociales como la educación, la salud, y el derecho al trabajo, entre otros. Aunque el país tiene un nivel de desarrollo que podría permitir a una proporción significativa de excluidos dejar de serlo, actualmente más del 50% de los ciudadanos guatemaltecos se encuentra bajo la línea de la pobreza, mientras cerca de un 15% vive en condiciones de extrema pobreza, revelando así la desigual distribución del ingreso, que a su vez es causa y efecto de otras desigualdades, que se manifiestan tanto en la segmentación por inserción productiva y por factores territoriales, étnicos y de género, como en las históricas inequidades en el acceso a activos y patrimonios, tales como el conocimiento y la tierra, entre otros.La desigualdad distributiva ha representado un perjuicio para la sociedad guatemalteca, en varios sentidos. En primer lugar, porque la concentración del ingreso ha atentado contra la posibilidad, para un gran número de hombres y mujeres, de alcanzar la calidad de una vida digna y ejercer sus legítimos derechos. En Guatemala, el 43% del ingreso nacional se concentra en el 10% de la población con mayores ingresos, mientras el 10% más pobre de los ciudadanos obtiene el…
Estudios realizados por la OIT han demostrado que los países de la Subregión, y Guatemala no es la excepción, cuentan con una legislación laboral adecuada y con un número significativo de Convenios Internacionales del Trabajo ratificados. Sin embargo, es evidente tal y como lo ha dicho la misión de Alto nivel de OIT que visitó el país en el mes de febrero del año 2009 la corrupción e impunidad del sistema administrativo y judicial de justicia laboral se encuentra a la raíza de todos los males de las relaciones laborales.Existen, por tanto, graves problemas relativos al cumplimiento efectivo y aplicación de los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, establecidos en los convenios de la OIT sobre libertad sindical y negociación colectiva, la no discriminación, la erradicación del trabajo infantil y el trabajo forzoso y de los demás derechos laborales en general. Dichos problemas de incumplimiento no sólo se dan en sectores rezagados del mercado laboral, sino también en segmentos de empresas formales y con mayor frecuencia en ciertas actividades económicas, donde resulta más difícil la presencia y/o efectividad de los servicios de inspección del trabajo. Una buena parte de estos déficits afectan a las mujeres, y a las poblaciones indígenas, quienes no obstante sus progresos en la participación laboral, acceden principalmente a las ocupaciones o trabajos más precarios. En este mismo sentido, es claro que la protección de los derechos laborales supone, por una parte, una Administración del Trabajo eficiente y apta para cumplir y hacer cumplir la Legislación…
Lunes, 26 Julio 2010 00:00

Propuesta de reforma fiscal integral

La política fiscal es un mecanismo importante para impulsar el desarrollo nacional con justicia social, redistribuir el ingreso, promover la generación de empleo decente, y fortalecer la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones. Dicha política no ha cumplido en Guatemala sus fines en virtud de su falta de progresividad, ineficiencia y absoluta solidaridad con los sectores empresariales. Lo cual se releja en la persistencia estructural de la precariedad de las condiciones de vida de por lo menos el 80% de la población. En ese orden de ideas, la ineficiencia de la actual política fiscal requiere de una reforma estructural que tenga como objetivo un cambio sustancial en la estructura del sistema impositivo y en la orientación del gasto social para cumplir con los compromisos asumidos en el Acuerdos de Paz en cuanto a que la política fiscal promueva la progresividad global, tanto por el lado del ingreso como del gasto, es decir que quien tiene más pague más y quien tiene menos pague menos y reciba más gasto público social.El MSICG considera que los problemas estructurales de nuestro déficit fiscal no se solucionaran con la creación de nuevos impuestos temporales que abren la posibilidad de que los mismos sean trasladados a la población, de generar problemas para su control y de permitir en la práctica su evasión o elusión. Esta solución temporal solamente contribuye a mantener y recrudecer las condiciones que han dado origen al déficit actual e incrementa el castigo a la población a la…