Martes, 09 Septiembre 2014 00:00

Propuesta del MSICG para dotar de poder sancionatorio a la Inspección General de Trabajo

Los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo han sido reiterativos en requerir al Estado de Guatemala el otorgamiento de facultades sancionatorias directas a los Inspectores de Trabajo. Estos requerimientos han sido tomados como propios por parte de los principales socios comerciales del Estado y su cumplimiento se ha requerido en el marco de los tratados de libre comercio suscritos con el Estado de Guatemala.

Mediante el Decreto número 18-2001, el Congreso de la República de Guatemala aprobó una serie de reformas al Código de Trabajo que otorgaban poder sancionatorio directo a los inspectores de trabajo, mismas que fueron declaradas inconstitucionales por la Corte de Constitucionalidad.

El fallo de la Corte de Constitucionalidad se fundamentó en lo establecido en los artículos 103 y 203 de la Constitución Política de la República, aduciendo que todo conflicto entre trabajadores y empleadores con ocasión del trabajo se encuentra, por mandato constitucional, sujeto a la jurisdicción privativa de trabajo.

La resolución de la Corte de Constitucionalidad obedeció a un error de fondo existente en las reformas y el cual consiste en considerar y regular las faltas contra las leyes de trabajo y previsión social como un conflicto entre el capital y el trabajo y no como un conflicto entre la administración pública y los administrados.

Naturalmente, la adopción del enfoque correcto respecto a la naturaleza del conflicto y la exclusión de la facultad sancionatoria del Inspector de Trabajo del marco regulatorio del artículo 103 de la Constitución Política de la República de Guatemala resulta inviable manteniendo la idea de que ello debe operativizarse mediante reformas al Código de Trabajo ya que este, en su artículo 1 prevé: “El presente Código regula los derechos y obligaciones de patronos y trabajadores, con ocasión del trabajo, y crea instituciones para resolver sus conflictos.”.

De allí que exista una vinculación natural al artículo 103 de la Constitución Política de la República de Guatemala de cualquier regulación que se haga como parte del Código de Trabajo, incluyendo lo relacionado al poder sancionatorio de la inspección de trabajo.

Debemos recordar que el Estado de Guatemala no participa como sujeto de la relación de trabajo y que su participación opera como garante del cumplimiento de dichas disposiciones, al igual que pasa con otras disposiciones legales y que, una falta administrativa, opera en el marco de una autoridad que se ejerce por la administración pública sobre los administrados y que, en consecuencia, no constituye un conflicto entre los sujetos productivos sino uno entre administrador y administrado.

De allí que la presente iniciativa parta precisamente del deslinde entre el conflicto entre los sujetos productivos y el conflicto entre administrador y administrado, siendo necesario para ello la exclusión de las regulaciones relacionadas al accionar de la Inspección de Trabajo como autoridad administrativa a una norma distinta al Código de Trabajo derivado de que el mismo contiene regulaciones y crea instituciones para resolver conflictos entre los sujetos productivos y no entre la administración pública y los administrados.

Es por ello que el capítulo I de la iniciativa, realiza el deslinde entre ambas naturalezas del conflicto, crea la Inspección General de Trabajo como una institución autónoma y descentralizada garantizándole independencia en el desarrollo de sus funciones y le prevé una serie de deberes esenciales, regulando además la prohibición para la exoneración de multas así como el establecimiento de que todos los días y horas son hábiles para el ejercicio de sus funciones a efecto de garantizar la mayor eficacia en el cumplimiento de las mismas.

El capítulo II de la iniciativa desarrolla la estructura orgánica, asigna facultades a cada uno de los órganos que la conforman, previendo sus mecanismos de elección, los requisitos para ocupar dichos cargos así como la creación de una carrera de Inspector de Trabajo que permita mantener una constante profesionalización de los Inspectores de Trabajo.

La estructura orgánica de que se dota al sistema de inspección de trabajo tiene la finalidad de garantizar la autonomía en el ejercicio de sus funciones, su eficacia y las posibilidades operativas de dar cumplimiento a los deberes que de conformidad con los Convenios internacionales ratificados y vigentes para Guatemala debe cumplir la Inspección de Trabajo.

En ese sentido, se crea un Consejo de la Inspección General de Trabajo cuya finalidad es la de establecer un control interno sobre el accionar del Inspector General de Trabajo así como sobre las políticas de la Inspección General de Trabajo, de allí que en su integración se incluya a representantes de los Inspectores, de los trabajadores, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y del Congreso de la República, ello con la finalidad de garantizar que este control se realizará desde una perspectiva institucional impidiendo la preeminencia de intereses sectoriales en dichas funciones.

La iniciativa, prevé un sistema de oposición que deberá cumplirse en la Carrera de Inspector de Trabajo y el cual abarca todos los cargos en la Inspección General de Trabajo, con excepción del Inspector General de Trabajo que será nombrado por el Congreso de la República de un listado propuesto por una Comisión de postulación para un período de seis años. El Inspector general de trabajo es la máxima autoridad administrativa de la institución y representante legal de la misma.

Esta estructura es complementada por cuatro sub inspecciones de trabajo, encargada cada una del cumplimiento de las funciones que de conformidad con la legislación nacional e internacional que regula la Inspección de Trabajo deben ser cumplidas por la institución y estableciendo un porcentaje de su personal atendiendo a la importancia e incidencia de tales funciones.

Los sub inspectores de trabajo se prevén como funcionarios de carrera, lo cual garantiza una mayor estabilidad en el accionar de la Inspección de Trabajo.

La iniciativa igualmente regula las calidades requeridas para ser inspector de trabajo así como las facultades conferidas para el cumplimiento de sus funciones de fiscalización administrativa que no difieren en mucho de las que ya se les reconoce actualmente.

En el Capítulo III de la iniciativa se regula de manera sustantiva un régimen sancionatorio administrativo que establece sus principios básicos, crea una unidad de sanción que permita mantener el efecto persuasivo de las sanciones que se impongan sin tener que acudir a la reforma de la legislación sobre la base un indicador estadístico producido de manera oficial por el Estado de Guatemala y el cual se actualiza de manera mensual. Esta unidad de atención, se prevé de manera diferenciada y en relación a las posibilidades económicas naturales de los dos principales sujetos de fiscalización y a los efectos de mantener la proporcionalidad de las mismas.

El mismo capítulo realiza la descripción de los tipos legales que darán lugar a la imposición de sanciones administrativas.

El Capítulo IV de la iniciativa realiza la regulación adjetiva del sistema sancionatorio estableciendo los procedimientos para la realización de la fiscalización y la imposición de las sanciones.

Para esto se crean dos tipos de procedimientos; el primero, es el de visitaduría que regula la función de constatación del Inspector y crea mecanismos que garantizan tanto la transparencia como la eficacia persuasiva de la sanción, dejando en poder del denunciante la posibilidad de determinar el momento de finalización de esta etapa.

A los efectos de que el principio de autoridad garantice efectivamente que los administrados cumplirán con las normas sujetas a la fiscalización, el procedimiento admite que si existe una rectificación demostrada antes de la finalización de esta etapa el sujeto de fiscalización pueda librarse de la imposición de la multa.

El segundo procedimiento propuesto por la iniciativa es precisamente el proceso de sanción, el cual será diligenciado y resuelto por la Sub Inspección de sanciones siendo dicha resolución impugnable por la vía de recurso de revocatoria cuya tramitación se regula en la misma ley.

Esta resolución causa estado administrativo y se constituye como título ejecutivo para el procedimiento económico coactivo y se prevé que el accionar judicial contra la resolución no tendrá efecto suspensivo en ningún caso, ello para garantizar el cobro de la multa. No obstante se establece un plazo para su devolución en caso de que la sanción sea revocada por los órganos jurisdiccionales.

La iniciativa prevé la obligación de la Inspección General de Trabajo que en el caso de imponer una multa a una entidad pública como consecuencia del accionar infractor de uno de sus funcionarios, se ordene a los órganos correspondientes el inicio de los procesos de repetición que establecen la Ley de probidad de funcionarios y empleados públicos a efecto de que el Estado de Guatemala no se vea afectado en su patrimonio por infracciones cometidas por parte de sus funcionarios.

Dada la naturaleza administrativa del conflicto, se prevé que la resolución administrativa pueda ser objeto de fiscalización judicial a través del procedimiento contencioso administrativo, se modifica el plazo de interposición para garantizar la agilidad del procedimiento que, además, no afecta la celeridad por ser un procedimiento de única instancia.

El Capítulo V de la iniciativa regula el régimen financiero de la institución así como el destino de los fondos provenientes del cobro de las multas administrativas y establece previsiones que garantizan la certeza presupuestaria de la institución.

El Capítulo VI establece las condiciones de traslado del actual sistema al sistema autónomo y eminentemente administrativo establecido en la iniciativa de ley así como las disposiciones que quedarán derogadas del Código de Trabajo, situación que es necesaria para poder concretar el deslinde del conflicto administrativo del conflicto laboral.

DESCARGAR PDF