Martes, 20 Julio 2010 00:00

Reformas a la Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado

El ejercicio de la libertad sindical y del derecho de huelga de los trabajadores del Estado hasta 1986 no contaba con un marco regulatorio propio sino más bien se regía de manera supletoria por el Código de Trabajo; esto, permitía a los trabajadores y trabajadoras del Estado ejercerlo en condiciones de igualdad respecto a los trabajadores y trabajadoras de la iniciativa privada. En 1986, el Congreso de la República de Guatemala emite el Decreto Número 71-86 con el objeto de regular el ejercicio de los derechos de libre sindicalización, negociación colectiva y de huelga en el Estado, los términos de la mencionada normativa, atendiendo que mediante la aplicación supletoria del Código de Trabajo los trabajadores y trabajadoras del Estado se encontraban siendo ejercidos en condiciones de igualdad con los trabajadores de la iniciativa privada, siendo de esa forma derechos adquiridos y protegidos por la garantía de irrenunciabilidad regulada en el artículo 106 de la Constitución Política de la Republica de Guatemala, se expresaba en términos y en amplitud al derecho que ya venían ejerciendo. Sin embargo, en 1996, dicho decreto fue reformado mediante el Decreto Número 36-96 del Congreso de la República en un sentido que restringía para los trabajadores y trabajadoras del Estado el ejercicio de este derecho, condiciones que fueron objeto de recomendaciones por parte de la Organización Internacional del Trabajo por considerar que la nueva regulación resultaba violatoria de la libertad sindical, tal recomendación ha sido reiterada al Estado de Guatemala por OIT en múltiples ocasiones.

En el ámbito internacional, Guatemala cuenta con compromisos establecidos en los Convenios números 87, 98 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por Guatemala, compromisos que fueron reforzados mediante la Declaración de la OIT Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento, adoptada en Ginebra, Suiza, el 18 de junio de 1998 y que vincula de manera directa al Estado de Guatemala por su sola pertenencia a la OIT.

De la misma forma, el Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador-, incorporado al ordenamiento jurídico guatemalteco mediante el Decreto Número 127-96 del Congreso de la República, reconoce como garantías inherentes al ser humano, la libre sindicalización y el derecho de huelga.

Estos aspectos fueron considerados en los Acuerdos de Paz como elementos fundamentales para la construcción del Estado de Derecho de tal forma que una inadecuada regulación, como con la que actualmente existe, que permite en muchos casos someter a los trabajadores y trabajadoras a situaciones arbitrarias como represalia por el ejercicio de los derechos de libertad sindical, negociación colectiva y de huelga, no solo afecta la imagen internacional de Guatemala sino que afecta las condiciones básicas para la construcción de la paz sobre la base del respeto de los derechos humanos laborales.

Las reformas impulsadas por el MSICG al Decreto Número 71-86, reformado por el Decreto Número 36-96, ambos del Congreso de la República de Guatemala se encaminan a brindar una adecuada protección a los trabajadores del Estado en el ejercicio de sus derechos de libre sindicalización, negociación colectiva y de huelga, lo cual, además de ser congruentes con el principio tutelar regulado en el artículo 103 de la Constitución Política de la República de Guatemala, satisfacen las recomendaciones realizadas a nuestro país por la Organización Internacional del Trabajo –OIT- y actualizan nuestra legislación al efectivo cumplimiento de los Convenios números 87, 98 y 154 de la OIT y también del Protocolo de San Salvador, todo ello en el marco que a nivel interno nos impone, como sociedad, el efectivo cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

De aprobarse esta reforma se eliminarán las facultades que tiene el Estado como empleador para despedir trabajadores mientras dure un conflicto colectivo de carácter económico social y también los trabajadores y trabajadoras  tendrán el derecho de plantear un conflicto de carácter económico social ante tribunales  sin tener que agotar la vía directa de manera previa y obligatoria como sucede actualmente; con esta reforma desde el momento en que los trabajadores planteen el conflicto colectivo de carácter económico social gozarán del derecho de inamovilidad.

Como archivo adjunto a este artículo, se encuentra el texto completo de las reformas a la Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado, impulsadas por el MSICG como parte de su agenda legislativa.

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