Miércoles, 19 Julio 2017 00:00

MSICG presenta Acción de Inconstitucionalidad contra Ley Electoral y de Partidos Políticos

Guatemala, enfrenta hoy día una grave crisis en todos los aspectos que de una u otra forma nos afecta a todas las guatemaltecas y guatemaltecos; si bien es cierto, el combate a la corrupción se ha erigido mediáticamente como un catalizador del descontento acumulado de la población, la desconfianza y falta de credibilidad en la institucionalidad del Estado, se trata de un problema mucho más profundo en el que la corrupción se presenta como la muestra más visible de la inoperancia del sistema de justicia, del Congreso de la República y la disfuncionalidad del Organismo Ejecutivo.

La crisis en Guatemala es, esencialmente, un problema de democracia que no se resuelve maquillando las estructuras estatales, ya que la ausencia de coincidencia entre el ser y el deber ser de las instituciones es el producto directo de una total ausencia de representación de los intereses de la población en los diferentes poderes del Estado.

Referirse a la posibilidad de cambios sustanciales en materia de transparencia, de eficiencia del poder público, de eficacia del sistema de justicia y de cambios en la mediocre y descarada acción del Congreso de la República, constituye una tarea imposible si tenemos en cuenta que el poder del Estado ha sido asentado en un sistema inoperante de partidos políticos que mercadean los poderes locales, las representaciones en el Congreso y desde allí, estructuran el sistema de justicia, la política tributaria del Estado, las políticas de inversión del Estado e incluso las políticas laborales del Estado.

Esto ha sido posible gracias a un sistema electoral que coloca el financiamiento y las posibilidades económicas de una agrupación política como el principal atributo para acceder al poder y les permite burlar una y otra vez a la población, bajo los mismos intereses, incluso los mismos operadores bajo banderas ocasionales, sin una definición ideológica, sin visión de Estado y en suma sin más motivación que la realización los intereses personales de tales operadores y la de los grupos que los financian, lo cual excluye naturalmente la representación de los intereses de la mayoría de la población que, al tener que sobrevivir en las reglas impuestas por estos intereses, sobrevive en condiciones precarias, sin poder costearse en su mayoría siquiera el costo de 27 alimentos crudos, mucho menos una vida digna y, en consecuencia, tampoco pueden financiar un partido político.

El éxito de este modelo, ha sido asegurado mediante la privación del derecho a la población del derecho de elegir y ser electo, lo cual se ha logrado sobre la base de 6 condiciones garantizadas en la ley: 1) Garantizando que las elecciones de los poderes ejecutivo, legislativo y los poderes locales se realicen en un mismo acto electoral; 2) Otorgando a los partidos políticos la exclusividad del derecho de postular candidatos a diputados distritales y por lista nacional, limitando a las expresiones no partidarias de la población solamente postular corporaciones municipales en condiciones notoriamente desiguales que las que se garantizan a los partidos políticos; 3) Admitiendo el financiamiento privado de los partidos políticos y las campañas electorales, con recursos provenientes de una fuente distinta a la cotización de los propios afiliados a la organización y admitiendo límites irracionalmente altos en los recursos que pueden invertirse en una campaña; 4) Garantizando la elección de diputados por planilla con lo cual se ha permitido establecer mecanismos compra venta de la ubicación en la planilla y con lo que se ha garantizado que personas por las que nadie habría votado conscientemente hayan hecho largas carreras en el Congreso de la República; 5) Estableciendo un sistema de representación de minorías que termina de eliminar la certeza y efectividad de quien emite el voto; 6) Garantizando que al no existir la posibilidad de contender con verdaderos liderazgos al privarles de la posibilidad de ser electos sin someterse a los intereses de un partido político y negándole a la población la posibilidad de votarlos sin que su voto lleve al cargo que corresponda como prioridad a los que el propio partido ubicó en las primeras casillas de la planilla, lo cual lleva a asegurar que el marketing, en consecuencia el financiamiento y los intereses detrás de tales financiamientos, defrauden la democracia y a la población; y, 7) Garantizando impunidad absoluta en el ejercicio de las funciones públicas que realizan; sea mediante inmunidades de irresponsabilidad en sus planteamientos como sucede en el caso de los diputados y magistrados de la Corte de constitucionalidad, mediante el velo de impunidad y politización de la ley y la justicia a través del antejuicio e impidiendo a la población cualquier posibilidad de revocar el mandato de alguno de estos funcionarios públicos.

Estas 7 condiciones, garantizan que el poder del Estado, la representatividad democrática y la fiscalización social del ejercicio del poder público resulten inexistentes y que se ejerzan, como una extensión de la voluntad de los grupos que financian los partidos y que, en suma, el pueblo sea inducido a legitimar periódicamente una dictadura corrupta y una estructura de poder que acciona al margen de los deberes constitucionales que corresponden al poder público y al propio Estado.

Si bien es cierto, mucho de se habla de reformas para fortalecer el sector justicia, de exigir en nombre de la dignidad la renuncia de funcionarios que obviamente carecen de tal atributo y hasta de una refundación del Estado, cada uno de estos procesos estará encaminado al fracaso en tanto no varíen las 7 causas que ya apuntamos y a través de las cuales se garantiza las reglas del juego favorezcan la corrupción como política de Estado y el interés esencial de la mal denominada clase política del país.

En términos lógicos, resulta imposible sostener que algo espurio de lugar a algo sano, que algo antidemocrático genere condiciones democráticas y que algo corrupto genere acciones transparentes y de allí la urgencia de abordar la problemática desde sus causas sin perdernos en los reacomodos del mismo statu quo sobre la base de las consecuencias.

La condición fundamental para un cambio real pasa necesariamente por un cambio en las reglas de juego de tal manera que la democracia se imponga y se manifieste en cada acto de la administración pública; para que, cualquier camino que en esa democracia real y verdaderamente representativa, sea producto de procesos motivados, promovidos, impulsados y ejecutados por órganos democráticos.

En ese sentido, el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco –MSICG- ha querido dar el paso inicial en el cambio de estas reglas del juego y ha promovido una acción de inconstitucionalidad contra algunas normas de la Ley electoral y de partidos políticos en las que se asienta este secuestro de la democracia y el Estado por parte de intereses ajenos a los que la Constitución asigna como intereses de Estado. Si bien es cierto, ha sido una característica histórica de la Corte de constitucionalidad la de operar como un garante del statu quo obviando para ello su mandato constitucional básico, que es el de ser garante del pleno cumplimiento de las garantías constitucionales, lo cual deja poco espacio para la esperanza, la acción presentada representa un cuestionamiento necesario y un llamado a la imperiosa necesidad de rescate de la democracia en Guatemala y del cese de la vejación constante que las normas impugnadas hacen de la garantía sustancial que debe garantizar cualquier sistema democrático, como lo es la posibilidad de elegir y ser electo, de votar y ser votado, de saber y definir a quien se apoya y a quien no a través del voto y asegurar que el proceso electoral no siga siendo la grave estafa que es hoy día.

Si bien es cierto, la eliminación de las 7 causas reales de la corrupción, la impunidad y el secuestro del Estado por intereses ajenos a los de la mayoría de la población no es una circunstancia que pueda variarse jurídicamente mediante el cuestionamiento de la constitucionalidad de una norma, sí constituye un primer paso para asegurar que la nefasta configuración del poder público que ha prevalecido desde 1986, comience a cambiar, ya que, al llegar al poder la población a través de los liderazgos reales y reconocidos por esta, seguramente, habrá condiciones para un cambio total de las reglas de juego y pueda avanzarse a una verdadera solución, nacida y empujada desde la población.

En ese sentido, el MSICG hace un llamado a la población para que visualice la problemática desde sus causas reales, se organice, accione y demande soluciones reales y no solo paliativos como los que regularmente se presentan para asegurar la sostenibilidad de un sistema corrupto y antidemocrático.