Lunes, 27 Marzo 2017 00:00

Comité de Libertad Sindical de la OIT se pronuncia sobre criminalización y derecho de negociación colectiva de sindicatos miembros del MSICG

Dentro del Caso 2927 publicado en el 381er. Informe del Comité de Libertad Sindical fueron conocidos por el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo en su reunión del 9 al 24 de marzo del año 2017 celebrada en Ginebra, Suiza los alegatos presentados por el MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO –MSICG- respecto a la criminalización de que estaban siendo objeto los compañeros RODOLFO JUAREZ RALDA y LAYLA LERISA CHANQUIN JOCOL ambos médicos, dirigentes del SINDICATO DE TRABAJADORES PROFESIONALES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -STPIGSS- y dirigentes del MSICG y respecto a la violación del derecho de negociación colectiva de su Sindicato afiliado SINDICATO DE TRABAJADORES ORGANIZADOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN –STOPGN-.

La persecución penal contra nuestros compañeros RODOLFO JUAREZ RALDA y LAYLA LERISA CHANQUIN JOCOL se inició luego de que el MSICG planteara acciones de inconstitucionalidad en contra de una serie de acuerdos emitidos por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que entre otras cosas incrementaba la edad de jubilación, aumentaban las cotizaciones, eliminaban el concepto de carga familiar, sustituían el IGSS por clínicas bajo el control del patrono e impedía que los trabajadores y trabajadoras pudieran acudir directamente IGSS y generalizaba la externalización de servicios, entre otras medidas que configuraban la destrucción del sistema de seguridad social.

Esta persecución penal iniciada por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS- y respaldada por el Ministerio Público se basó en actos realizados por el Sindicato al amparo de la ley y como parte de las funciones internas del Sindicato y producto de la misma y de la persistencia del Ministerio Público de criminalizar actividades sindicales legítimas los compañeros estuvieron sujetos a un proceso penal que duró más de tres años tiempo durante el cual el MSICG asumió su defensa en tribunales.

Aunque tardíamente, el Comité se ha pronunciado sobre este caso destacando que estos procesos tienen un efecto intimidatorio en los dirigentes sindicales, lamentando a la vez la demora de la administración de justicia en resolver un caso que no ameritaba un debate penal.

El MSICG resalta que desde hace aproximadamente un año logró que el proceso penal en contra de los compañeros fuera desestimado mediante resolución firme por parte de los órganos penales competentes y que logró además la declaratoria de inconstitucionalidad de las reformas implementadas al programa de Invalidez, vejez y sobrevivencia –IVS- del IGSS, revirtiendo con ello las perjudiciales reformas que afectaban a los guatemaltecos y guatemaltecas.

Finalmente el Comité se pronunció sobre la violación incurrida por parte del Juzgado Cuarto de Trabajo y Previsión Social, de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad sobre el derecho de negociación colectiva de su Sindicato afiliado Sindicato de trabajadores organizados de la Procuraduría General de la Nación –STOPGN-.

En este caso en particular el Estado de Guatemala a través de los citados tribunales procedió a emitir y avalar un laudo arbitral con el Sindicato minoritario de la Institución que perjudicaba los intereses de los trabajadores y bajo este argumento procedió a vetar el derecho de negociación colectiva de todos los trabajadores de la institución para evitar la mejora de sus condiciones económicos y sociales. Ante esto, debió iniciarse un nuevo proceso en el cual la Procuraduría postuló la teoría de la prórroga sucesiva de lo resuelto en el laudo con la finalidad de privar al sindicato del derecho a la negociación colectiva.

El Comité observó en este caso en particular que los tribunales citados dentro de ellos la Corte de Constitucionalidad violaron los principios de negociación colectiva así como las disposiciones del Código de trabajo relativas a la titularidad de la negociación colectiva del sindicato mayoritario y lamentó que las disposiciones del marco jurídico no sean aplicadas de manera consistente y ágil por las distintas autoridades públicas.

Asimismo el Comité lamentó que los tribunales citados hayan avalado modificaciones al Pacto colectivo suscrito con el STOPGN recordándole al Estado su deber de no intervenir para la modificación del contenido de los convenios colectivos libremente concertados.

El MSICG valora las conclusiones emitidas por el Comité de Libertad Sindical aunque las mismas se hayan demorado tantos años, y sobre todo valora que el Comité pueda dimensionar en estos casos en particular como el Estado de Guatemala deja de aplicar su legislación y de observar los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo a través de todo el Sistema de Justicia pues es un caso que involucra al Juzgado Cuarto de Trabajo y Previsión Social, a la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte de Constitucionalidad y al Ministerio Público.

Ese es el sistema de justicia vigente en Guatemala, un sistema fallido, caduco y a la medida de los intereses de la entidad patronal sin importar quien sea este.