Lunes, 14 Noviembre 2011 03:20

Ministerio Público arremete contra la Libertad Sindical ante la Corte Suprema de Justicia

El día viernes 11 de noviembre de 2011, en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia y ante la masiva presencia de los medios de comunicación social, se llevó a cabo la vista pública dentro del amparo promovido por el compañero JAVIER ADOLFO DE LEON SALAZAR, Secretario General del SITRADICMP y miembro del Consejo Político del MSICG en contra de los actos de persecución antinsindical ejecutados por la Fiscal del Ministerio Público contra los directivos del SITRADICMP.

La vista se realizó de forma pública por petición de la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz, ante lo cual el MSICG convocó a los medios de comunicación social y solicitó autorización a la Corte Suprema de Justicia para filmar la audiencia debido esencialmente a que los argumentos antinsindicales del Ministerio Público en la vista pública llevada a cabo en el trámite del recurso de apelación a petición del Ministerio Público no pudieron ser documentados debido a la omisión de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones  de Trabajo y Previsión Social de documentar el contenido íntegro de la audiencia y la omisión de entregar copia del acta de la audiencia al compañero JAVIER ADOLFO DE LEON SALAZAR.

Durante la audiencia, la defensa del compañero JAVIER ADOLFO DE LEON SALAZAR, entre otras cosas, remarcó la constante de violación a las leyes aplicables al Ministerio Público en sus relaciones con sus trabajadores, la desobediencia del Ministerio Público a una resolución de la justicia constitucional que suspendía los efectos jurídicos y prácticos de los traslados antinsindicales, el litigio de mala fe al omitir la aplicación de las normas contenidas en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo y la negativa del Estado de Guatemala de dar cumplimiento a la solicitud del Comité de Libertad sindical de la OIT en cuanto a dejar sin efecto los traslados y las consecuencias de estos a efecto de que las trabajadoras y trabajadores pudieran ejercer libremente su libertad sindical.

La Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, a través de su representante legal, abundó en alegatos que ratifican el carácter antisindical de la persecución contra el SITRADICMP recrudecida durante su administración.

Para iniciar, los argumentos del Ministerio Público abundaron en una contradicción y que deja claro que el único objetivo de los actos contra los directivos del SITRADICMP es limitarles el ejercicio de la libertad sindical ya que, al referirse al caso del compañero JAVIER ADOLFO DE LEON SALAZAR, el Ministerio público expresó:  “…la Fiscal General o cualquier autoridad del Ministerio Público tiene la facultad de mandar a sus mejores gentes a trabajar a los lugares donde se les necesite…”.

De la misma forma, la discriminación hacia el sindicato que no se encuentra bajo el control del Ministerio Público, quedó evidenciada cuando este alegó:  “…Hemos escuchado una serie de referencias sobre la libertad sindical. El Ministerio Público tiene un sindicato con el que ha negociado el Pacto Colectivo y el interponente del Amparo, ni siquiera es miembro de ese sindicato, es más, aquí mismo se ha venido a decir que pertenece a un sindicato indígena y campesino… ….Existiendo un pacto colectivo, hay ciertas disposiciones que se refieren a integrantes de un comité ejecutivo pero del pacto que lo suscribió, no a cualquier usurpador aprovechado, que quiere aprovecharse de la buena fe…”.

Los alegatos anteriores dejan claro que existe una marcada intención de discriminar a una organización sindical y el uso de calificativos inapropiados en el ámbito procesal pero que ilustran los niveles de discriminación a que se encuentran sujetos el SITRADICMP y sus miembros así como el MSICG que ha denunciado constantemente la ineficacia del Ministerio Público; debe recordarse que el Sindicato a que hace referencia el Ministerio Público hace parte de una de las centrales pro gobiernistas con las cuales la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público suscribió un acuerdo para garantizar la impunidad internacional de los actos de violencia y represión antisindical ejecutados durante el actual gobierno cuya cauda ha sido de varias decenas de dirigentes y miembros de base asesinados en circunstancias que el Ministerio Público no ha esclarecido.  Debe agregarse que el problema de la impunidad dista de solucionarse con acuerdos de cúpulas sino que exige de acciones concretas, eficientes que permitan dar con los responsables de estos hechos y a partir de lo probado en juicio descartar la existencia de motivaciones antisindicales en los actos de violencia sufridos por la víctima.

Lo manifestado por el Ministerio Público al alegar que: “apareció como miembro de un sindicato del Ministerio Público a pesar  que ahorita habla de que es miembro de otro sindicato a sabiendas que la ley, el código laboral, el código de trabajo prohíbe la doble sindicalización….”  Es congruente con lo manifestado en su momento por el representante de la Fiscal, Javier Monterroso, en un evento del movimiento campesino y cuyos extremos se le emplazó a probar a la Fiscal General sin que hasta la fecha haya demostrado la doble sindicalización, debido a que esta no existe; por otra parte, deja claro que el Ministerio Público no está dispuesto a aceptar la sindicalización de primer, segundo o tercer grado si esta no opera en el marco de las organizaciones bajo su control o bajo el control del gobierno.  Lo cual en términos de injerencia en el ejercicio de la libertad sindical es una violación grave a los principios de esta.

Igualmente, el Ministerio Público ratifica constantemente la orientación contraria y el desprecio institucional al ejercicio autónomo de la libertad sindical al alegar: “…De tener funcionarios que no les importa nada de lo que hacen, que lo que les importa es mantener la cuota de sindicalización, a cuenta de qué? De lo que sufre el guatemalteco? Eso es inaceptable y venir aquí a decir que el Comité de Libertad Sindical ha dispuesto tal o cual cosa, por supuesto, porque no ha tenido otras informaciones más adecuadas, es venir a traer aspectos que nada tienen que ver con el supuesto acto reclamado…”

Debe recordarse que en el planteamiento del amparo, la reivindicación del libre ejercicio de  la libertad sindical es el elemento toral de su planteamiento y cuya violación se demuestra a través de la constante de transgresión deliberada de la legislación aplicable; por otra parte, el Estado de Guatemala manifestó que la información proporcionada al Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo le fue proporcionada por el propio Ministerio Público.

Lo actuado por el Ministerio Público, a partir de una argumentación consistente con otras argumentaciones denunciadas y documentadas por el MSICG evidencian el carácter injerencista y antisindical de las acciones del Ministerio Público y descartan cualquier beneficio de la duda hacia la gestión de la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público.

Al final de la audiencia, la representación del MSICG dio declaraciones a los medios de comunicación y expresaron lo inconveniente que resulta para el Estado de Guatemala, señalado internacionalmente de graves y constantes violaciones a la libertad sindical el contar con una funcionaria que lejos de cumplir con sus obligaciones fundamentales agrava la situación al violar la libertad sindical e impedir el ejercicio autónomo de esta a sus propias trabajadoras y trabajadores.

La grabación íntegra de la audiencia será puesta a disposición de las guatemaltecas y  guatemaltecos así como de la comunidad internacional en nuestro sitio web: www.movimientosicg.org como una prueba más del menosprecio y violación de derechos fundamentales de los trabajadores implementada por la actual Fiscal y Jefa del Ministerio Público,  Claudia Paz y Paz.

 

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