Miércoles, 27 Julio 2016 00:00

MSICG condena intención del CACIF y sus operadores políticos en el Congreso de la República de privatizar la Seguridad Social

Como es de conocimiento público los diputados siguientes: Luis Pedro Álvarez Morales, Miembro del Bloque Legislativo Encuentro por Guatemala –EG-; María Eugenia Tabush Pascual de Sánchez, Miembro del Bloque Legislativo de VIVA; Dorian Delfino Taracena Godínez, Miembro del Bloque Legislativo Encuentro por Guatemala -EG-; Jean Paul Briere Samayoa, Miembro del Bloque Legislativo TODOS; Laura Alicia Franco Aguirre, Miembro del Bloque Legislativo FCN, Julio Francisco Lainfiesta Rímola, Miembro del Bloque Legislativo UCN; y Marvin Orellana López, Miembro del Bloque Legislativo AC, han estado impulsando juntamente con el actual Presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Carlos Francisco Contreras Solórzano, una reforma a través de la cual se pretende privatizar el Sistema de Seguridad Social del país para poner en manos de las cúpulas empresariales el sistema de pensiones y de salud que nos corresponde como clase trabajadora y que es un legado de la Revolución de 1,944 en el país.

Es también preocupante que no exista persecución penal iniciada en estos momentos contra los diputados Luis Pedro Álvarez Morales, María Eugenia Tabush Pascual de Sánchez,Orlando Blanco Joaquín Lapola, Jefe de Bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza –UNE- quien no es miembro de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Javier Alfonso Hernández Franco, Jefe del Bloque Frente de Convergencia Nacional –FCN- quien no es miembro de la Comisión de Previsión y Seguridad Social y Manuel Eduardo Conde Orellana, del Bloque Partido de Avanzada Nacional quien tampoco es miembro de la Comisión de Previsión y Seguridad Social y quienes declararon en medios de comunicación haber recibido dinero de entes del sector privado para viajar a Chile a los efectos de conocer su sistema de seguridad social para proponer una reforma similar en Guatemala, es decir, para proponer una privatización de la seguridad social. Dicha acción de los citados diputados es encuadrable en el tipo penal de Cohecho Pasivo regulado en el artículo 439 del Código Penal que establece “…el funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas, que… …acepte, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, a título de favor, dádiva, presente, promesa, ventaja o por cualquier otro concepto, para sí mismo o para otra persona, para realizar, ordenar, retardar u omitir un acto propio de su cargo…”.

Debe recordarse que el actual Presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Carlos Francisco Contreras Solórzano, fue puesto por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –CACIF- como Ministro de Trabajo y Previsión Social, cargo desde el cual impulsó toda una serie de medidas regresivas orientadas a legalizar la constante violación de las garantías laborales por parte del sector empresarial desde el establecimiento de estructuras antisindicales y procedimientos ilegales, el impulso de la imposición del trabajo a tiempo parcial, el debilitamiento de la Inspección General de Trabajo hasta la implementación de salarios mínimos diferenciados en cuatro municipios que, como se ha ventilado en el CASO COOPTACIÓN DEL ESTADO, pretendía favorecer los intereses de la entonces Vice presidenta Roxana Baldetti Elías, lo que hace presuponer necesariamente que dicho funcionario público actuaba como parte de la estructura criminal.

En ese marco, resulta poco alentador que aún y cuando todos los funcionarios del Gobierno del Partido Patriota enfrentan persecución penal y ser Carlos Francisco Contreras Solórzano el último nombramiento realizado por gobierno del Partido patriota, a la fecha, aún no se le vincule a proceso penal alguno a pesar de ser parte del gobierno que según las acusaciones del Ministerio Público, cooptó el Estado y resulta más lamentable que a la presente fecha la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG- no haya actuado en contra de dicho funcionario, como tampoco en contra del actual Procurador de los Derechos Humanos Jorge Eduardo de León Duque, o el ex Superintendente de Administración Tributaria Miguel Arturo Gutiérrez Echeverría a pesar de las denuncias que en su oportunidad ha presentado el MSICG.

Como se citó, la propuesta de privatización del IGSS está siendo impulsada por el CACIF a través de sus operadores políticos en el Congreso de la República: Encuentro por Guatemala –EG-; Unidad Nacional de la Esperanza –UNE-; Visión con Valores –VIVA-; Todos; FCN Nación; Unión del Cambio Nacional –UCN-; y Alianza Ciudadana –AC- con el argumento que los empresarios de este país estarían en mejores condiciones para brindar la seguridad social de los trabajadores y trabajadoras.

En este aspecto, es preciso señalar que buena parte de los diputados que representan dichos partidos han formado parte de los Gobiernos y Plenos del Congreso que desde 1986 a la presente fecha han omitido de manera sistemática asignar una partida presupuestaria para el pago de la cuota estatal al IGSS pese a ser ello un mandato expreso del artículo 100 Constitucional y también parte de los gobiernos que han omitido desde las instituciones públicas y entidades autónomas, hacer el pago de las cuotas patronales que les corresponden al IGSS. Siendo contrastante con la acertada labor que en estos momentos desempeña la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- en el caso de empresarios evasores de impuestos la pasividad, negligencia y falta de acción por parte del IGSS, la Contraloría General de Cuentas, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público, en deducir las sanciones que corresponden de conformidad con la Ley de probidad y responsabilidades de funcionarios y empleados públicos, contra quienes desde el poder ejecutivo o legislativo han desfinanciado al IGSS, desde 1986, incumpliendo un mandato expreso de la Constitución.

Asimismo, la existencia selectiva actual de persecuciones penales por las formas tradicionales en que políticos y empresarios han saqueado al Estado, como lo es el caso de la sobrevaloración de contratos por bienes y servicios, la creación de plazas fantasmas y el establecimiento de mecanismos para facilitar la falta de pago de impuestos a cambio de comisiones hacen que hoy día se busquen mecanismos de continuación del saqueo por parte de los mismos actores que también han sido los que histórica y permanentemente han saqueado al Estado desde 1954, y que pretenden ahora hacerse con los fondos de la seguridad social.

Que se aduzca hoy día por parte de políticos y empresarios que el seguro social puede funcionar bajo un esquema privatizado, obviando que los problemas que enfrenta tanto el IGSS como el propio Estado son producto directo de la corrupción generada por los intereses de estos mismos actores, es pretender aprovechar la ingenuidad de un pueblo que no puede olvidar que fueron estos mismos actores los que crearon y se beneficiaron de la ESTRUCTURA DE LA LÍNEA, que este modelo fue precisamente el que se implementó con en el caso IGSS-PISA, que la externalización de servicios y contratos abiertos fueron los que permitieron casos como el de “NEGOCIANTES DE LA SALUD” y los malos servicios a los afiliados, o que prominentes empresarios vinculados al CACIF y a los partidos políticos que participan de esta propuesta como Gustavo Alejos Cámbara, Max Quirin, Pedro Muadi o Alejandro Sinibaldi tengan hoy día que responder ante la justicia por actos de corrupción, encontrándose algunos de ellos capturados. Esto, solamente para citar algunos de los casos más recientes sin olvidar los casos de los Bancos Gemelos y de Bancafé.

En ese marco el MSICG manifiesta su total rechazo a la intención del CACIF implementada a través de sus operadores políticos: Encuentro por Guatemala –EG-; Unidad Nacional de la Esperanza –UNE-; Visión con Valores; Todos; FCN Nación; Unión del Cambio Nacional –UCN-; y Alianza Ciudadana –AC- de privatizar el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS- y someter los recursos de la seguridad social de las trabajadoras y trabajadores, a la disposición de nuevas estructuras de corrupción y saqueo, nuevamente a costa de la miseria y la desprotección de población.

Finalmente el MSICG llama a todas sus bases en el país a reunirse con sus comunidades e informar a las mismas sobre la intención tanto del CACIF COMO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CITADOS DE PRIVATIZAR NUESTRO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL y a estar atentos al llamado que se les estará realizado para defender la salud de la clase trabajadora y su familia.

CONSEJO POLÍTICO
MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO
MSICG