Lunes, 10 Diciembre 2018 14:51

MSICG y SITRAPDH accionan contra Congreso de la República por reducción de presupuesto a la institución del Procurador de los Derechos Humanos

El MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO -MSICG- y su Sindicato miembro, SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -SITRAPDH-, han planteado ante la Corte de Constitucionalidad una Acción Constitucional de Amparo en contra del Pleno del Congreso de la República por la aprobación del Acuerdo Legislativo Número 23-2018, fechado el 19 de noviembre de 2018 y publicado en el Diario de Centro América el 6 de diciembre de 2018, disposición no legislativa a través de la cual el Congreso de la República establece su presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 y mediante la cual en un acto sin precedente para cualquier país democrático redujo el presupuesto de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos en un 23.8% respecto al presupuesto asignado para los años 2017 y 2018 buscando con ello la supresión de sus funciones elementales y su eventual eliminación en el futuro.

Como es del conocimiento de la población, la Institución del Procurador de los Derechos Humanos tiene dentro de sus atribuciones fundamentales el promover el buen funcionamiento y la agilización de la gestión administrativa gubernamental en materia de Derechos Humanos, investigar y denunciar comportamientos administrativos lesivos a los intereses de las personas, investigar toda clase de denuncias que le sean planteadas por cualquier persona sobre violaciones a los Derechos Humanos, recomendar privada o públicamente a los funcionarios la modificación de un comportamiento administrativo objetado, emitir censura pública por actos o comportamientos en contra de los derechos constitucionales, y promover acciones o recursos, judiciales o administrativos a favor de la población.

En este marco es evidente que las condiciones de exclusión social y miseria en que vive más de 80% de la población reflejan la existencia de un Estado fallido construido sobre la política sistemática de violación a los derechos humanos de la población y allí radica, para el MSICG y el SITRAPDH la importancia de la única institución del país cuya independencia funcional ha sido otorgada por la Constitución para garantizar que en las políticas de Estado este cumpla con sus obligaciones de respetar, proteger y aplicar los derechos humanos.

Si bien es cierto, hasta ahora el papel que ha desempeñado la Procuraduría de los Derechos Humanos, especialmente durante la gestión de Jorge Eduardo de León Duque abonaron a que se consumaran más las violaciones a derechos humanos de la población, es indispensable tener en cuenta que el funcionamiento adecuado de esta es el único capaz de fortalecer el Estado de derecho y consolidar la democracia en el país.

Esta funcionalidad se pone en riesgo cuando se castiga presupuestariamente a la Institución afectando de manera ostensible su presupuesto y más aún cuando esto se opera a través del sometimiento del aspecto presupuestario a la decisión de las fuerzas políticas que dominan el Congreso de la República suplantando a la pluralidad que se impone como condición constitucional determinante en la configuración de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y como garantía de la independencia del Procurador de los Derechos Humanos.

En este caso, el Acuerdo Legislativo 23-2018 evade el debido proceso legal, viola la ley y las condiciones establecidas en esta para garantizar la autonomía e independencia de las funciones del Procurador de los Derechos Humanos y somete su presupuesto, a la discusión y decisión de un órgano (el pleno del Congreso) que no está facultado para aprobarlo y mediante ello causa una reducción de 30 millones de quetzales en el presupuesto asignado a la Procuraduría de los Derechos Humanos, lo cual contrasta con el crecimiento generalizado del presupuesto y con el otorgamiento de incrementos presupuestarios clientelares con determinados sectores y con fines políticos con lo cual se busca imposibilitar que el Procurador pueda garantizar la vigencia de los derechos humanos en el país y a futuro incluso suprimir la institución.

El MSICG y el SITRAPDH en el marco de la conmemoración de los 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, esperan que la Corte de Constitucionalidad actúe con apego a derecho y que decrete la suspensión provisional del acto reclamado y de todos los actos orientados a hacer irreversibles los efectos de las violaciones denunciadas y que, en su oportunidad, deje sin efecto en definitiva el Acuerdo Legislativo 23-2018 del Congreso de la República y todos los actos derivados del mismo.

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