Domingo, 27 Mayo 2018 12:37

MSICG y diputado Leocadio Juracán piden a la CIDH proteger a los pueblos indígenas ante eliminación del derecho de consulta propiciado por la Corte de Constitucionalidad

Con fecha 26 de mayo del año 2017 a través de los Magistrados JOSÉ FRANCISCO DE MATA VELA, DINA JOSEFINA OCHOA ESCRIBÁ, BONERGE AMILCAR MEJÍA ORELLANA, GLORIA PATRICIA PORRAS ESCOBAR, NEFTALÍ ALDANA HERRERA, MARÍA CRISTINA FERNÁNDEZ GARCÍA Y HENRY PHILIP COMTE VELÁSQUEZ, a ponencia del Magistrado Presidente de la Corte JOSÉ FRANCISCO DE MATA VELA, la Corte de Constitucionalidad emite sentencia dentro de los Expedientes Acumulados Números 90-2017, 91-2017 y 92-2017 mediante los cuales conocía en apelación de la Sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia que otorgaba el amparo promovido en contra del MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS por la concesión realizada a las entidades Oxec, Sociedad Anónima y Oxec II Sociedad Anónima para la utilización de bienes de dominio público sobre los Ríos Oxec y Cahabón e implementación en estos de los Proyectos Hidroeléctricos denominados Oxec y Oxec II en el municipio de Santa María Cahabón, departamento de Alta Verapaz, amparo dentro del cual se ordenó la supensión de las mismas.

En su sentencia la Corte de Constitucionalidad al margen del debido proceso legal, de manera extrapetita, en afectación de derechos de terceros, usurpando funciones del Poder Legislativo y en violación de los derechos de los Pueblos Indígenas contenidos en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la Declaración de Naciones Unidas Sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y la Declaración Americana Sobre Derechos de los Pueblos Indígenas emitió lo que denominó “LAS PAUTAS PARA REALIZAR TODA CONSULTA A PUEBLOS INDÍGENAS EN GUATEMALA” las cuales deben observarse de manera forzosa hasta en tanto no se haya emitido la Ley de Consulta a Pueblos Indígenas por parte del Congreso de la República y conminó al Congreso de la República para que en el plazo de un año proceda a incorporar en un Decreto Legislativo dichas pautas.

Más allá de la usurpación de poderes asumida por la Corte de Constitucionalidad en su Sentencia y de otras violaciones no menos relevantes debe destacarse que a través de “LAS PAUTAS PARA REALIZAR TODA CONSULTA A PUEBLOS INDÍGENAS EN GUATEMALA” el Tribunal Constitucional elimina en la práctica el derecho de consulta de los pueblos indígenas principalmente porque: 1) Restringe el ámbito al cual es aplicable y respecto al cual se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, limitándolo a los casos en que exista autorización del Estado para el uso de bienes de dominio público y eliminando la posibilidad de prospección como materia de consulta, entre otras. 2) Elimina la buena fe en la consulta al no contemplar la posibilidad de que los pueblos consultados puedan decidir negativamente. 3) Impide a los pueblos la posibilidad de que la consulta sea convocada y realizada por los órganos tradicionales o ancestrales de dichos pueblos. 4) Impone a los pueblos una forma de representación. 5) Impone a los pueblos indígenas un órgano ajeno a estos de procedimiento de pre consulta. 6) Crea un órganos al que le faculta a determinar mecanismos, la forma, tiempo y aspectos que deben tratarse en la consulta. 7) Elimina la consulta a los pueblos propiamente dichos y les priva de sus mecanismos de toma de decisiones colectivas.

Lo anterior se afirma porque los mecanismos legislados de facto por la Corte de Constitucionalidad y que pretende imponer a los efectos de que el Congreso de la República los convierta en legislación formalmente válida dan vida a un órgano de pre consulta y consulta integrado básicamente por funcionarios públicos, empresas privadas y representantes de las universidades privadas del país que ejercerán los derechos de los pueblos indígenas.

Siendo que no existe en el país ni tribunal ni recurso alguno al que pueda recurrirse contra la arbitrariedad de la Corte de Constitucionalidad se ha acudido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a efecto de que esta solicite al Estado de Guatemala suspender las medida de coerción, intimidación y hostigamiento en contra de los Diputados del Congreso de la República y del DIPUTADO LEOCADIO JURACÁN SALOMÉ a los efectos de compelerlos a aprobar legislación contraria a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas contenidos en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la Declaración de Naciones Unidas Sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y la Declaración Americana Sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

El MSICG insta a sus bases a mantenerse alertas ante cualquier pretensión de la Corte de Constitucionalidad de continuar forzando al Congreso de la República a aprobar una Legislación que contenga lo que esta denominó “LAS PAUTAS PARA REALIZAR TODA CONSULTA A PUEBLOS INDÍGENAS EN GUATEMALA” y cualquier otra disposición que viole los derechos de los pueblos indígenas.

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