Viernes, 06 Julio 2018 17:05

MSICG pone en marcha campaña por la ratificación del convenio 189 de la OIT

Según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 3-2017 (ENEI 3-2017) del Instituto Nacional de Estadística, para el año 2017 laboraban como trabajadoras de casa particular en la República de Guatemala un total de 207,171 trabajadores, de los cuales 206,938 son mujeres en tanto que 233 son hombres, y en total constituyen el 3% de la Población Ocupada.

Las mujeres y niñas indígenas constituyen la mayoría de trabajadoras de casa particular del país en donde los bajos salarios, la nula protección social, las extensas y extenuantes jornadas de trabajo, el acoso y violencia sexual, la discriminación, el racismo, los tratos crueles, inhumanos y degradantes y el trabajo forzoso o semi esclavo son la constante de cada día.

La ENEI 3-2017 muestra que los ingresos salariales promedio de estas trabajadoras ascendían para ese año, a nivel nacional, a la cantidad de Q837.00 mensuales y a nivel rural a Q684.00 mensuales, lo que equivale a ingresos muy inferiores al monto del salario mínimo fijado legalmente que asciende para el año 2018 a la cantidad de Q2,992.37 mensuales y a ingresos anuales en promedio de Q8,208.00 lo que las condena junto a sus familias a la extrema pobreza y plena exclusión social.

Ninguna de las trabajadoras de este sector tiene acceso a las prestaciones de jubilación y apenas el 1% logra prestaciones de salud básicas del seguro social que no son diferentes a las que brinda el sistema de salud nacional y de manera gratuita.

Estas condiciones prácticas son agravadas por las regulaciones discriminatorias establecidas por el Estado de Guatemala contenidas en los artículos 161 al 166 del Código de Trabajo, mediante las cuales se regulan, entre otras cuestiones, que estas trabajadoras no están sujetas a las jornadas de trabajo ni descansos.

Los altos niveles de discriminación y de precariedad a que son expuestas miles de mujeres trabajadoras en su mayoría indígenas han colocado como un aspecto prioritario en el Plan de acción sindical del MSICG la reivindicación de condiciones laborales dignas para este amplio sector laboral.

El arraigo de estos patrones discriminativos propiciados y ejecutados por el Estado de Guatemala se evidenciaron además en el mismo seno de la Organización Internacional del Trabajo cuando el Estado de Guatemala se negó a apoyar la aprobación del Convenio 189 de la OIT aduciendo, entre otras cosas, que como Estado no podía reconocer a las trabajadoras y trabajadores domésticos el derecho a la libertad sindical.

Declaraciones y acciones contra las cuales el MSICG accionó internacionalmente y derivado de lo cual el Estado apoyó finalmente en la 100ª Conferencia Internacional del Trabajo la aprobación del Convenio 189, Convenio Sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos.

No obstante haber aprobado el Convenio, el Estado de Guatemala a nivel nacional ha mantenido su resistencia a abandonar la política de discriminación y de precarización de las condiciones de trabajo en este sector que en Guatemala es abrumadoramente integrado por mujeres indígenas; en primera instancia, negándose a someter a través del Organismo Ejecutivo al Congreso para su aprobación el Convenio, por lo cual el MSICG tuvo que interponer diversas denuncias y ejecutar múltiples movilizaciones logrando con ello finalmente que el Presidente de la República sometiera el Convenio a la aprobación del Congreso de la República el 5 de agosto del año 2015.

El Congreso de la República demoró conocer la solicitud del Presidente de la República respecto a la aprobación del Convenio hasta el 28 de enero de 2016 fecha en la que remitió la iniciativa de ley al a Comisión de Trabajo para que se dictaminará la misma.

Con fecha 8 de marzo del año 2016, la Comisión de Trabajo del Congreso emitió dictamen favorable a la aprobación del Convenio trasladando su aprobación a la Iniciativa Número 4981, con fecha 8 de marzo de 2016.

Desde el 8 de marzo del año 2016 el Congreso de la República se ha negado a conocer de esta iniciativa de ley imposibilitando que se pueda ratificar el Convenio y manteniendo de esta manera las condiciones de precarización y trabajo esclavo de las trabajadoras domésticas.

Derivado de ello, el MSICG ha iniciado una campaña orientada a sensibilizar a las diputadas y diputados del Congreso de la República a los efectos de que muestren la voluntad real de eliminar los patrones discriminativos de la legislación laboral regulados para un sector laboral integrado mayoritariamente por mujeres e indígenas mediante la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-.

Como parte de esta campaña se ha elaborado material de sensibilización, se ha iniciado un proceso de reuniones con diputadas y diputados y se discute igualmente otras medidas que coadyuven a la aprobación por parte del Congreso del citado Convenio y su posterior ratificación por el Organismo Ejecutivo.

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