Jueves, 28 Mayo 2015 18:00

MSICG solicita querellarse por caso IGSS y presenta querella contra PDH

Hoy, 29 de mayo del año 2015, el MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO –MSICG- presentó ante el tribunal competente Querella en contra de los ciudadanos, JORGE EDUARDO DE LEON DUQUE, Procurador de los Derechos Humanos de la República de Guatemala y CLAUDIA LOPEZ DAVID, Procuradora adjunta I del Procurador de los derechos humanos, por los delitos de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, HOMICIDIO CULPOSO, OMISIÓN DE DENUNCIA y DENEGACIÓN DE JUSTICIA, sin perjuicio de otros tipos penales y otros sujetos que durante la investigación se establezcan a la vez que solicitó que este caso sea remitido a la Fiscalía contra la impunidad adscrita a CICIG y ser querellante en el proceso penal que se sigue contra la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, miembros de la entidad DROGUERÍA PISA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, el hijo de la Magistrada Blanca Stalling entre otros, por el delito de fraude, asociación ilícita, cobro ilegal de comisiones, y cohecho activo, delitos cometidos en perjuicio de los intereses de la clase trabajadora.

La querella es promovida en virtud de que, como lo detalla la resolución de fecha 11 de mayo de 2015 del Procurador de los derechos humanos desde el 29 de enero de 2015, este dentro de los Expedientes ORD.GUA.544-2015/DESC; ORD.GUA.732-2015/DESC; ORD.GUA.1306-2015/DESC; ORD.GUA.1355-2015/DESC; ORD.GUA.1356-2015/DESC; ORD.GUA.1358-2015/DESC; ORD.GUA.1359-2015/DESC; ORD.GUA.1361-2015/DESC; ORD.GUA.13632015/DESC; ORD.GUA.1364-2015, etcétera, tuvo conocimiento de las violaciones a los derechos humanos a la vida y la salud de las víctimas del CASO DROGUERÍA PISA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA E IGSS y habiendo constatado condiciones que evidenciaban la veracidad de las violaciones denunciadas y la magnitud del riesgo que la vida y la salud de los pacientes corría, omitió dar cumplimiento al mandato que le establece la Constitución.

En este caso, el Procurador de los derechos humanos omitió realizar las diligencias que le correspondían en el plazo establecido en la ley, denunciar al ramo penal los delitos de que tuvo conocimiento durante la tramitación de los expedientes, tomar las medidas necesarias para garantizar la protección del derecho humano a la vida y la salud de las víctimas, garantizar el cese de las violaciones y resolver en el plazo que imperativamente le impone la ley y en los términos en que esta se lo establece, incumplimiento que derivó en la muerte de varias personas y en daños irreparables a la salud de otra innumerable cantidad de ellas.

Es preciso destacar que aún y cuando la ley establece un máximo de 8 días calendario para resolver en casos de evidente violación a los derechos humanos y de 30 días calendario en aquellos casos en que a los 8 días de haber presentado la denuncia se sospeche existe violación a derechos humanos, en este caso el Procurador de los derechos humanos emitió resolución a través de su Procuradora adjunta I 103 días calendario después de que se le denunciaron los hechos, a pesar de haber constatado desde el inicio del caso la muerte de varias de personas producto del servicio que DROGUERIA PISA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, les brindaba. La omisión del Procurador derivó en que el número de personas muertas se incrementara alarmantemente.

Es preciso indicar que, desde el 5 de febrero de 2015, aún y cuando de los resultados de la supervisión que realizó el Procurador de los derechos humanos sobre las instalaciones rentadas por PISA se evidenciaba un grave riesgo para los pacientes, no tomó medida alguna para resguardar de manera efectiva la vida y la salud de los mismos como se lo demandaban sus deberes legales sustituyendo esta falta de acción por nuevas supervisiones y establecimiento de espacios de diálogo con DROGUERÍA PISA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA y las autoridades del IGSS en tanto que la gente era víctima de enfermedades o moría como consecuencia de las condiciones que la Procuraduría de Derechos Humanos constató in situ desde el 5 de febrero de 2015, según se deja constancia en la Resolución del Procurador de los derechos humanos de fecha 11 de mayo de 2015.

Asimismo con su conducta el Procurador de los Derechos Humanos propició la protección de los funcionarios involucrados en el tipo penal de fraude y de homicidio culposo.

En la resolución de fecha 11 de mayo de 2015 del Procurador de los Derechos Humanos establece que desde el 5 y 27 de febrero de 2015 constató in situ el suministro de productos sin registro sanitario a los pacientes, la subcontratación de otra entidad por parte de DROGUERÍA PISA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA ante la ausencia de la misma de equipo, instalaciones adecuadas y personal para prestar el servicio a los pacientes del IGSS, extremos que constituían una violación al artículo 53 del Decreto 57-92 del Congreso de la República; no obstante, omitió denunciar por la posible comisión del delito de fraude a las autoridades y Junta Directiva del IGSS y, en la resolución de fecha 11 de mayo de 2015 se limitó a “Recomendar” que la Contraloría General de Cuentas investigara y accionara por las anomalías en la Contratación que constaban al Procurador pretendiendo mediante esto delegar una función pública que se encuentra establecida como deber del Procurador de los Derechos Humanos.

Es preciso señalar que el incumplimiento de tales deberes debió ser suplido por el Colectivo ACCION CIUDADANA al presentar las denuncias penales que debió presentar desde mucho antes el Procurador de los Derechos Humanos en virtud de la información y pruebas con que contaba ya desde al menos el 27 de febrero de 2015.

El MSICG recuerda que el objeto del mandato del Procurador de los Derechos Humanos fue establecido para ubicar como última acción la condena por violaciones a los derechos humanos, siendo la función primordial del mismo el prevenir o detener las violaciones de manera que no puedan seguirse produciendo o resulten irreparables, como lo presupone la muerte de la persona o el progreso de una enfermedad crónica que conlleve la evolución de la misma al punto de pasar de necesitar un tratamiento de diálisis peritoneal ambulatoria a requerir para sobrevivir tratamientos de hemodiálisis, lo cual implica la reducción tanto de la expectativa como de la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Tales efectos no se revierten con una resolución de condena que además de llegar luego de 103 días desde la recepción de la primera denuncia, no exige el inmediato cese en la prestación del servicio por parte de la entidad DROGUERÍA PISA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, ni ordena al IGSS ofrecer de manera inmediata una alternativa que permita preservar la salud y la vida de los pacientes.

Para cumplir esta función esencial de prevención y contención, de cuyo incumplimiento se deriva la querella presentada hoy por el MSICG, la ley dota al Procurador de los Derechos humanos tanto de autoridad como de legitimación activa para acceder de manera inmediata a todas las alternativas previstas en nuestro ordenamiento jurídico y, en este caso, la activación de las mismas fue omitida con la cauda que ya todos conocemos.

El MSICG ha solicitado también que se le tenga en el momento procesal oportuno como querellante en contra de las autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS- y demás personas ligadas a proceso por este caso y considera que a los delitos imputados debe sumarse por lo menos el de homicidio culposo en razón de haberse producido la muerte de personas como consecuencia directa de la negligencia y la ejecución de las conductas delictivas por las cuales fue abierta la causa penal.

El MSICG ha solicitado también que la querella sea remitida a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad y al Comisionado de la CICIG para los efectos correspondientes.

El MSICG felicita una vez más la acción oportuna emprendida en este caso por la CICIG, el Ministerio Público y ACCION CIUDADANA y lamenta que la negligencia del Procurador de los Derechos Humanos no haya permitido gozar de protección alguna a los derechos a la vida y la salud de quienes, lamentablemente, sufrieron las consecuencia de la violación de dichos derechos.

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