Lunes, 15 Junio 2015 18:00

MSICG presenta procesos penales contra jueces

Hoy, 16 de junio del año 2015, el Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco-MSICG- presentó ante el Ministerio Público denuncia en contra del Juez sexto de Paz del Ramo Civil de la ciudad capital de Guatemala Abogado JOSÉ MIGUEL ESTRADA MONTERROSO por los delitos de Incumplimiento de deberes, Prevaricato, Retardo malicioso y Colusión y en contra de la Jueza décima de trabajo y previsión social, Abogada MARIBEL GODOY AGUILAR por los delitos de Omisión de denuncia, Resoluciones violatorias a la Constitución, Prevaricato, Falsedad ideológica y Colusión.

La denuncia presentada en contra del Juez sexto de Paz del Ramo Civil de la Ciudad Capital de Guatemala, Abogado JOSÉ MIGUEL ESTRADA MONTERROSO, por los delitos de Incumplimiento de deberes, Prevaricato, Retardo malicioso y Colusión tiene su origen en la resolución emitida por este con fecha nueve de junio de dos mil quince y mediante la cual rechaza el planteamiento realizado por la Abogada del MSICG relacionado con su derecho de Aclaración y rectificación remitido al Diario Prensa Libre, diario que hasta la fecha se ha negado a publicarlo violando lo expresamente previsto por la Ley de Emisión del Pensamiento.

Tal rechazo opera en una abierta violación de la ley por parte del juzgador y su efecto directo es mantener por tiempo indefinido la criminalización, estigmatización y violencia producidos por Prensa Libre en una acción planificada y coordinada por la Procuraduría de los Derechos Humanos en contra de la compañera abogada del MSICG y del SITRAPDH y como un mecanismo de coacción para que desistan de la defensa de los derechos humanos de las trabajadoras y trabajadores y particularmente de los trabajadores y trabajadoras de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

La denuncia presentada contra la Jueza Décima de Trabajo y Previsión Social, Abogada MARIBEL GODOY AGUILAR tiene su origen en la alocución del Procurador de los derechos humanos de fecha 6 de mayo de 2015 en la cual públicamente reconoce que se reunió junto con su Procuradora Adjunta de forma extraprocesal con el tribunal que conoce del Conflicto Colectivo por lo que el tribunal le dio la razón, resultando particularmente llamativo que en audiencia de fecha 29 de mayo de 2015, la citada jueza básicamente repitiera literalmente los argumentos esgrimidos por el PDH en la citada alocución, tal y como obra en las grabaciones de audio con que se cuenta.

La referida jueza ha sido recusada en dos ocasiones habiendo rechazado de plano tales planteamientos aún a pesar de que la ley no le faculta para rechazarlos, manteniendo en estas condiciones el control del conflicto colectivo de carácter económico social a pesar de la notable desconfianza que su imparcialidad genera entre las partes al sostener esta reuniones extraprocesales con el Procurador para asegurar un resultado favorable en el proceso a dicho funcionario según lo expresado por el mismo Procurador de los derechos humanos.

Durante dicho proceso, la juzgadora ha privado al SITRAPDH de su derecho de defensa, ha establecido sin audiencia al sindicato las bases del recuento para el apoyo a la huelga, ha negado las impugnaciones contra el mismo, ha denegado las solicitudes del sindicato para modificarlo y, luego de permitir que en una audiencia votaran personas que no estaban el listado y que carecían del derecho a permanecer en la diligencia y votar en la misma en virtud de ser trabajadores con funciones de dirección supervisión, asignación de trabajo y la posibilidad de sancionar a los trabajadores y trabajadoras bajo su mando, ante los resultados que se venían dando de manea favorable a la huelga, modificó nuevamente el padrón de habilitados para emitir su voto a voluntad del Procurador de los derechos humanos, nuevamente sin audiencia al sindicato, incluyendo un significativo de número de trabajadores que se encontraban dentro de los cargos que no podía emitir su voto al respecto de conformidad con el Código de trabajo e impidiendo la impugnación por parte del sindicato de tales decisiones.

El MSICG espera que tanto el Ministerio Público como los órganos encargados de conocer lo relativo a los antejuicios contra tales funcionarios, no continúen contribuyendo a que el antejuicio sea convertido en una herramienta de impunidad que impide que determinadas categorías de funcionarios públicos sean investigados, sometidos a proceso y respondan por sus actos en el marco de un sistema de justicia que se aplique en función de fines y no de intereses ajenos a los que la Constitución Política de la República le asignan al Estado de Guatemala y al sistema de justicia como garante del cumplimiento de la ley.

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