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El MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO –MSICG-, presentó recientemente y ha puesto en circulación gratuita a nivel nacional el primer número de su periódico oficial denominado “LUCHA OBRERA”, Marzo 2018-No.1. A través de su periódico el MSICG da a conocer a la población el desarrollo de la lucha de clases que libra el MSICG para alcanzar la justicia social y una vida digna para la clase trabajadora y sus familias, a la vez que plantea en el centro del debate los problemas estructurales del país y la urgencia de resolverlos señalándose con precisión en donde se encuentran los nudos y actores detrás de estos que impiden el desarrollo de Guatemala. Finalmente, el periódico de la Central Sindical informa a los y las trabajadoras en cada edición sobre sus derechos fundamentales y les invita a hacer del arte también un espacio de lucha de la clase trabajadora. LUCHA OBRERA es un periódico sin precedentes en la vida de Guatemala, una expresión de libre emisión del pensamiento no condicionado por las élites económicas y políticas del país, es la emisión del pensamiento con un objetivo de clase y no como herramienta para la realización de un fin lucrativo y en ese marco es un periódico que apuesta a ser un instrumento de democratización de Guatemala. La versión electrónica puede descargarla directamente a través de este enlace o visualizarlo en Issuu
Hoy, la compañera LESBIA GUADALUPE AMÉZQUITA GARNICA, en representación del MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO –MSICG- participó en una reunión con el Alcalde de L’Ajuntament de València, JOAN RIBÓ CANUT, las compañeras de CCOO-PV, de la FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT PV, los compañeros y compañeras de la Sección Sindical de CCOO en L’Ajuntament de València y el compañero MARCOS RODAS de la UNIÓN DE AGRICULTORES MINIFUNDISTAS –UAM-. Durante la reunión, la compañera Lesbia Amézquita compartió experiencias de la lucha por la libertad sindical y la defensa de los derechos humanos en Guatemala en un escenario tan complejo como el que representa una realidad tan marcada por las asimetrías, desigualdades y las injusticias sociales. El encuentro se realizó en el marco de la jornada de lucha por la negociación colectiva #TempsDeGuanyar organizada por CCOO del País Valencia y en el entorno de movilizaciones de la clase trabajadora para reivindicar la negociación colectiva como herramienta de construcción de democracia y justicia social.
Hoy, 11 de enero del año 2018, el Diputado del Congreso de la República LEOCADIO JURACÁN y el MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO –MSICG- presentaron ante la Corte Suprema de Justicia y ante la Sala competente dos Acciones Constitucionales de Amparo con el objeto de dejar sin vigencia 48 licencias de exploración minera y 42 licencias de explotación minera las cuales fueron otorgadas por la Dirección General de Minería y el Ministerio de Energía y Minas sin dar cumplimiento al derecho de consulta de los pueblos indígenas establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Las 48 licencias de exploración minera que se impugnan mediante el amparo interpuesto ante la Sala jurisdiccional competente fueron otorgadas por la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas y en su conjunto afectan una extensión territorial de 3,852.5 kilómetros cuadrados. Dentro de estas licencias se encuentran: 8 licencias de exploración otorgadas a Entre Mares, Sociedad Anónima para la búsqueda de oro, plata, níquel, cobalto, cromo, cobre, plomo, zinc, antimonio y tierras raras, ubicadas en los departamentos de Jutiapa, Jalapa, San Marcos, Huehuetenango, y Quetzaltenango; 3 licencias de exploración otorgadas a Nichromet, Sociedad Anónima, para la búsqueda de níquel, cobalto, oro, plata, cobre, zinc, plomo, molibdeno, cadmio, y tierras raras, ubicadas en los departamentos de Quiché y Baja Verapaz; 8 licencias de exploración otorgadas a Montana Exploradora de Guatemala, para la búsqueda de oro, plata, níquel, cobalto, cromo, cobre, plomo, zinc, antimonio y tierras raras, entre otros minerales,…
Guatemala, enfrenta hoy día una grave crisis en todos los aspectos que de una u otra forma nos afecta a todas las guatemaltecas y guatemaltecos; si bien es cierto, el combate a la corrupción se ha erigido mediáticamente como un catalizador del descontento acumulado de la población, la desconfianza y falta de credibilidad en la institucionalidad del Estado, se trata de un problema mucho más profundo en el que la corrupción se presenta como la muestra más visible de la inoperancia del sistema de justicia, del Congreso de la República y la disfuncionalidad del Organismo Ejecutivo. La crisis en Guatemala es, esencialmente, un problema de democracia que no se resuelve maquillando las estructuras estatales, ya que la ausencia de coincidencia entre el ser y el deber ser de las instituciones es el producto directo de una total ausencia de representación de los intereses de la población en los diferentes poderes del Estado. Referirse a la posibilidad de cambios sustanciales en materia de transparencia, de eficiencia del poder público, de eficacia del sistema de justicia y de cambios en la mediocre y descarada acción del Congreso de la República, constituye una tarea imposible si tenemos en cuenta que el poder del Estado ha sido asentado en un sistema inoperante de partidos políticos que mercadean los poderes locales, las representaciones en el Congreso y desde allí, estructuran el sistema de justicia, la política tributaria del Estado, las políticas de inversión del Estado e incluso las políticas laborales del Estado. Esto ha sido…
Hoy, 29 de junio del año 2017, el MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO –MSICG- y sus organizaciones miembros: Sindicato de Trabajadores de Educación de Telesecundarias Retalhuleu –STETREU; Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Educación de Telesecundarias de Santa Rosa –SINTRAT S.R.-; Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Educación de Telesecundarias de Quiché –STETQUICH-; Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Educación de Telesecundarias de Sacatepéquez –STETSAC-; Sindicato de Trabajadores de Educación de Telesecundarias de Suchitepéquez –STETSUCHI-; Sindicato de Trabajadores Educativos de Telesecundaria de Quetzaltenango –STETQ-; Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Telesecundarias de San Marcos –STETSANMARCOS-; Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Educación de Telesecundarias de Izabal –SINTRATIZAB-; Sindicato de Trabajadores de la Educación Básica de los Institutos Nacionales de Telesecundaria del departamento de Jutiapa –S.T.E.B.I.N.T.J.-; secciones de Telesecundaria de Chiquimula y Escuintla, presentaron ante la Corte de Constitucionalidad Acción de Inconstitucionalidad General Total del Acuerdo MINISTERIAL NÚMERO 1680-2017 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE FECHA 8 DE JUNIO DE 2017, PUBLICADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA EL 16 DE JUNIO DE 2017. A través de este Acuerdo el Ministro de Educación OSCAR HUGO LÓPEZ RIVAS Reforma el Acuerdo Ministerial número 1021-2017, de fecha 4 de abril de 2017 del mismo Ministerio de Educación que se encuentra actualmente impugnado ante la Corte de Constitucionalidad dentro del Expediente Número 2039-2017. Ambos acuerdos emitidos por OSCAR HUGO LOPEZ RIVAS tienden a promover la supresión de establecimientos de telesecundaria en todo el país que son los que llevan la educación…
Hoy, 26 de mayo del año 2017, el MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO –MSICG- presentó el Compendio “MARCO JURÍDICO NACIONAL E INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS APLICABLE AL ESTADO DE GUATEMALA Y JURISPRUDENCIA DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS SOBRE TIERRAS ANCESTRALES Y RECURSOS NATURALES”. En su presentación el MSICG recordó que a pesar de que han transcurrido veinte años desde la suscripción de los Acuerdos de paz firme y duradera, el modelo sobreviniente mantiene la postergación del combate efectivo a la discriminación racial; el reconocimiento pleno en la práctica de los idiomas indígenas como pilares sobre los cuales se asienta la cultura, se adquiere, se transmite la cosmovisión, sus conocimientos y valores culturales; el reconocimiento del estatus y la capacidad jurídica plena de los pueblos indígenas, el reconocimiento de los derechos relativos a la tierra de los pueblos indígenas que incluyen tanto la tenencia comunal como colectiva; los derechos de propiedad, de posesión y otros derechos reales, así como el aprovechamiento de los recursos naturales en beneficio propio y sin perjuicio de su hábitat; el derecho a la libre determinación y al autogobierno, etcétera. Esta postergación en el reconocimiento y positividad de estos derechos elementales y la voluntad decidida de mantener y profundizar el modelo excluyente y discriminativo puede constatarse también en la casi nula evolución de la legislación nacional y la escasa difusión que desde el Estado se propicia a los instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos de los pueblos indígenas, la falta de…
Hoy, 8 de mayo del año 2017 el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco –MSICG- llevó a cabo una movilización de miles de trabajadores en la Ciudad Capital, la cual dio inicio en la Corte Suprema de Justicia, se trasladó a la Corte de Constitucionalidad y finalmente concluyó en Casa Presidencial. En la Corte Suprema de Justicia el MSICG condenó el accionar de dicho tribunal, específicamente a través de la Cámara de Amparo y Antejuicio, que ha convertido el amparo en una herramienta de dilación y garantía de impunidad, otorgando, por regla general, amparos provisionales y definitivos a los patronos violadores de las garantías al trabajo y a la libertad sindical para interrumpir el libre curso de la justicia y asegurar que el hambre ahogue a los y las trabajadoras que nos hemos atrevido a requerir que se aplique la ley y que hemos instado con tal fin el sistema de justicia, sistema de justicia que nosotros pagamos de nuestros precarios salarios puesto que, como de todos es sabido, en Guatemala los empresarios no pagan impuestos porque para eso se pagaron diputados que desde el Congreso de la República los han exonerado de tal obligación a través de distintas leyes. La Central Sindical condenó también la política de impunidad que la Corte Suprema de justicia garantiza a través del antejuicio a los funcionarios y empleados públicos que cometen delitos para violentar los derechos de los y las trabajadoras y la creación por parte de dicha Corte de las denominadas Magistraturas…
Dentro del Caso 2927 publicado en el 381er. Informe del Comité de Libertad Sindical fueron conocidos por el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo en su reunión del 9 al 24 de marzo del año 2017 celebrada en Ginebra, Suiza los alegatos presentados por el MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO –MSICG- respecto a la criminalización de que estaban siendo objeto los compañeros RODOLFO JUAREZ RALDA y LAYLA LERISA CHANQUIN JOCOL ambos médicos, dirigentes del SINDICATO DE TRABAJADORES PROFESIONALES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -STPIGSS- y dirigentes del MSICG y respecto a la violación del derecho de negociación colectiva de su Sindicato afiliado SINDICATO DE TRABAJADORES ORGANIZADOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN –STOPGN-. La persecución penal contra nuestros compañeros RODOLFO JUAREZ RALDA y LAYLA LERISA CHANQUIN JOCOL se inició luego de que el MSICG planteara acciones de inconstitucionalidad en contra de una serie de acuerdos emitidos por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que entre otras cosas incrementaba la edad de jubilación, aumentaban las cotizaciones, eliminaban el concepto de carga familiar, sustituían el IGSS por clínicas bajo el control del patrono e impedía que los trabajadores y trabajadoras pudieran acudir directamente IGSS y generalizaba la externalización de servicios, entre otras medidas que configuraban la destrucción del sistema de seguridad social. Esta persecución penal iniciada por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS- y respaldada por el Ministerio Público se basó en actos realizados por el Sindicato al amparo de…
En sentencia de fecha 22 de marzo del año 2017 la Corte de Constitucionalidad dejó firme la orden de reinstalación de los compañeros Julio Mizraim Tzul Hernandez, Karla Joanna García Santiago, Eva Luz Girón Urizar de Solis, Sandra Gabriela Quiroa Morales, Sandra Bernarda Baquiax Rojas de Yax, Ana Lucia del Carmen Carrascosa Barrera, y Julio Cesar Fernandez Villagran todos miembros del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA –SITRAPDH- y del MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO –MSICG- quienes fueron despedidos por el Procurador de los Derechos Humanos JORGE EDUARDO DE LEÓN DUQUE, en un acto de represalia antisindical por haber participado de la formación del SITRAPDH. La Sentencia, tiene un importante valor jurídico más allá del propio proceso toda vez que al aplicar la norma de conformidad con los principios que la rigen, arroja claridad sobre aspectos a través de los cuales se ha pretendido eludir la protección que la Constitución brinda a la libre sindicalización, mismos que a la vez son acordes a los principios de libertad sindical establecidos en los Convenios 87 y 98 de la OIT. Con esta resolución la Corte de Constitucionalidad revocó la Sentencia de amparo emitida en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia en favor del Procurador de los Derechos Humanos y en violación de lo expresamente previsto en la ley, en un proceso antecedido por irregularidades para favorecerle mediante un amparo provisional inserto en el expediente del amparo posteriormente a haberse resuelto…
El Congreso de la República aprobó recientemente una serie de reformas al Código de Trabajo con las cuales se aduce que dan cumplimiento a los requerimientos de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- relativos a dotar a la Inspección de Trabajo de poder sancionatorio directo. El MSICG, en su oportunidad remitió un despacho calificado al pleno del Congreso de la República así como comunicaciones dirigidas a los Jefes de bloque y diputados en particular, explicándoles las razones por las cuales las citadas reformas, lejos de ajustarse a lo requerido al Estado de Guatemala en cumplimiento de los Convenios Internacionales ratificados ante OIT, representan un grave retroceso ya que insisten en un modelo de regulación que ya fue aprobado en una ocasión sorprendiendo la buena fe de la OIT y que fue declarado inconstitucional por parte de la Corte de constitucionalidad. Este modelo, además de insistir en el trato inadecuado del conflicto, traslada a los Inspectores de trabajo facultades que corresponden con exclusividad a la jurisdicción privativa de trabajo por mandato del artículo 103 de la Constitución política de la República y genera condiciones de menos celeridad a la imposición de sanciones toda vez que, contrario a la regulación actualmente vigente en que el procedimiento es sometido a un máximo de dos instancias ante los tribunales y salas de trabajo y previsión social y la posibilidad de dos instancias más correspondientes al amparo, el procedimiento introducido por la reforma adiciona dos instancias obligatorias en sede administrativa…
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