Viernes, 17 Julio 2015 18:00

MSICG no permitirá otro jueves negro ni otro viernes de luto

Durante los últimos meses, el poder económico y sus agentes políticos en el país se han visto constantemente estremecidos al ponerse en evidencia e iniciarse los procesos de desarticulación de las estructuras que han enquistado en el Estado y que han provocado el colapso de nuestro sistema democrático y hecho del Estado de Guatemala un Estado fallido.

Para ello, ha sido necesario que la CICIG, bajo la dirección del Comisionado Iván Velásquez, finalmente asumiera su mandato y comprendiera que los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos habían llegado a tal nivel de desarrollo que ya no constituían estructuras al margen de la estructura institucional del Estado sino que se habían convertido en la propia estructura del Estado.

Y en esto debemos tener absoluta claridad en que el concepto cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos no son conceptos que se limiten a estructuras armadas sino que abarcan todas aquellas estructuras creadas con la finalidad de promover, proteger e instaurar la corrupción e impunidad como garantía del mantenimiento del statu quo del poder económico y del crimen organizado.

En ese marco, las guatemaltecas y guatemaltecos hemos visto como de manera acelerada la institucionalidad del Estado, el Estado de derecho y la democracia han sido reducidos a una existencia meramente formal en tanto son sustituidas por intereses ajenos a los que la Constitución Política establece al Estado y que operan desde el Estado bajo la lógica de un virus, que se instala, se copia en el código genético de una célula y que se reproduce utilizando la propia célula para multiplicarse y generalizarse, suprimiendo todos los mecanismos de defensa.

Este proceso, comenzó a hacerse evidente desde el “Serranazo” y se ha venido consolidando desde 1996, se agravó a partir del 2008 en donde se le incorporó la modalidad de la campaña política anticipada y permanente, se agravó nuevamente en el 2012 y tuvo un punto de no retorno a partir del año 2014, marcado por varias alianzas orientadas a inutilizar cualquier posibilidad de cambio.

Estas alianzas, como lo denunció el MSICG reiteradamente, se operaron entre el Partido Patriota –PP- y el Partido Libertad Democrática Renovada –LIDER-, que tuvieron como objetivo primario la cooptación total del sistema de justicia mediante la elección de los magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia para eliminar el control judicial y la toma del control de transparencia con la elección del Contralor General de Cuentas.

Ante el debilitamiento del poder del Partido Patriota, se operó una segunda alianza con el mismo fin a mediano plazo, el partido Unidad Nacional de la Esperanza –UNE-, ahora bajo el control total de Sandra Torres, actora fundamental en el anterior gobierno de la UNE que heredó al país una deuda millonaria por concepto de obras contratadas sin respaldo presupuestario y que a pesar de su ilegalidad, fue absorbida y cargada a generaciones de guatemaltecas y guatemaltecos en virtud del trasiego de intereses en el Congreso de la República, incorporó a su proyecto político a quienes en su momento fueron los principales financistas durante la millonaria campaña del Partido Patriota que llevó a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti al poder, entre ellos, Mario Leal, quien además tiene vínculos de parentesco con la esposa del Presidente Otto Pérez Molina.

En este proceso y ante el cisma generado por el excelente trabajo de la CICIG y el Ministerio Público, se han operado otras alianzas, como las que aseguraron el nombramiento del Vicepresidente para garantizar una transición tranquila para los intereses que en la práctica y en realidad gobiernan el país a través de la cooptación de todos los mecanismos de control del Estado; la cooptación del control político (Congreso de la República), del control jurídico (Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad), del control de transparencia (Contraloría General de Cuentas) y del control de derechos humanos (PDH). A estos se suman el control y gestión de la opinión pública y las organizaciones sociales cooptadas por el gobierno que operan como mecanismos de choque y coacción de la población mediante medidas de incremento del sufrimiento social.

Como parte de esta estrategia del poder económico, también se han generado supuestos terceros en discordia presentados como supuestas alternativas y cuyo fin es garantizar la continuidad en caso del fracaso electoral de los dos proyectos políticos principales (UNE-PP y LIDER-PP).

En este complejo marco, la CICIG y el Ministerio Público finalmente han comenzado a tocar estas estructuras de manera impensada para los intereses que estas articulan y con ello se ha iniciado un proceso de recuperación de la institucionalidad del Estado que pude poner fin a la política estatal de generación de desigualdad e injusticia social.

Esto ha derivado a que actores controlados o parte de esos intereses hayan dado inicio a un proceso de deslegitimación y ataque contra el trabajo de la CICIG y el MP; una primera etapa, la ha constituido el manejo de la idea de la existencia de un golpe de Estado bajo la pretensión que la persecución contra los corruptos vulnera la institucionalidad democrática del país y se han dado a la tarea de tomar medidas que causando sufrimiento al país pretenden crear animadversión hacia la lucha contra la impunidad.

De tal cuenta que hemos visto la toma de edificios estatales, la toma de carreteras y paralizaciones en la los centros urbanos, la suspensión de servicios a la población y el desabastecimiento en los servicios públicos esenciales aparejado a la asfixia financiera a que ha pretendido someterse al Ministerio Público, complementados con medios de comunicación, columnas en la prensa y un desequilibrio en la cobertura noticiosa que comienzan a fortalecer la idea de una CICIG al margen de su mandato, de una intervención extranjera en el país y de un grave riesgo para la democracia e incluso organizaciones que anticipan un conflicto violento en caso de que esa “democracia” se vea afectada, todo esto como parte de una estrategia para causar más sufrimiento y terror en la población bajo la idea de que son esas estructuras institucionalizadas en el Estado y sus mecanismos de continuidad y relevos las que constituyen la columna vertebral del ordenamiento constitucional.

Esta estrategia de terror del poder económico, operada a través de estas estructuras y alianzas, al ver afectadas sus posibilidades de relevo, reacomodamiento y rearticulación han comenzado a argumentar ataques políticos por parte de CICIG y el MP y están recurriendo a una estrategia desesperada para evitar que la profundización del trabajo que CICIG y el MP desarrollan termine desarticulando sus mecanismos de perpetuación e institucionalización.

En ese orden de ideas, para el MSICG resulta preocupante la estrategia de terror que en contra de la población se impulsa a través de algunas organizaciones y que se pretende reforzar a través de las amenazas del Partido Libertad Democrática Renovada –LIDER- de articular una marcha en contra de la CICIG partiendo de uno de los feudos instalados a raíz de la alianza Líder-Patriota, como lo es el caso de la Corte Suprema de Justicia, que envía el mensaje de que aquí han mandado, mandan y mandarán, desde la institucionalidad del Estado los mismos poderes económicos y que no permitirán la recuperación de la democracia y el Estado de derecho.

El MSICG reitera su apoyo al trabajo de la CICIG y el Ministerio Público así como su esperanza en que este no se detenga sino se profundice hasta desarticular todas y cada una de las estructuras que han secuestrado al Estado de Guatemala.

El MSICG hace un llamado a sus miembros de base y a la población en general a no permitir en nuestro país un nuevo jueves negro ni otro viernes de luto, a no prestarse para acciones y estrategias en defensa de los intereses que han sembrado y abonado en nuestro país la desigualdad, la pobreza y la miseria de las mayorías, las que nos han privado de la democracia y nuestras posibilidades de desarrollo y las que han golpeado durante décadas la institucionalidad del Estado convirtiéndola en un mecanismo formal para garantizar la injusticia social. El MSICG llama a la población a no padecer el síndrome de Estocolmo y no apoyar a quienes han secuestrado nuestro futuro.

El MSICG llama a la población y a la comunidad internacional a colaborar y estrechar el apoyo hacia el trabajo que la CICIG y el MP están desarrollando y reafirma en que la persecución, captura, enjuiciamiento y condena de corruptos y corruptores, no afecta la institucionalidad del Estado sino solo aquella instaurada de manera paralela a esta para garantizar los intereses que viven y se benefician de ella y que nos privan a la mayorías del acceso al derecho esencial de una vida digna.

El MSICG destaca que las investigaciones de CICIG y el MP han demostrado como ya lo había resaltado el MSICG reiteradamente que el poder económico que opera en Guatemala es el responsable del secuestro del Estado de Guatemala y que es sobre la base de ese secuestro que ha operado la concentración de su riqueza y la consolidación del Estado excluyente y racista.

En ese marco el MSICG ratifica que tomará todas las medidas necesarias para garantizar la continuidad del mandato de la CICIG y de la Fiscal General en el país en tanto ambas instancias sigan desarrollando el trabajo que han estado realizando dentro de sus respectivos mandatos y contribuyendo al fortalecimiento del Estado de derecho y la democracia guatemalteca y llama a sus bases a estar atentos a los llamados que se les realizará para defender la transformación social que apenas esta empezando.

CONSEJO POLÍTICO
MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO
MSICG