Lunes, 02 Noviembre 2015 18:00

MSICG responde a intervención de ONG's y PDH ante la CIDH

(Transcripción íntegra)

Guatemala, 2 de noviembre del año 2015

Comisionados y Comisionadas
Rose-Marie Belle Antoine
James L. Cavallaro
José de Jesús Orozco Henríquez
Felipe González
Rosa María Ortiz
Tracy Robinson
Paulo Vannuchi
Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Respetables Comisionados y Comisionadas

Reciban un fraterno saludo del Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG- quienes deseamos que su labor se traduzca en el respeto a los derechos humanos en la región y en la mejora progresiva de los derechos humanos actualmente reconocidos.

El MSICG remite a ustedes esta comunicación en atención a la audiencia realizada el 22 de octubre del año 2015 dentro del 156º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos bajo el título criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos y operadores de justicia en Guatemala en la cual las Señora IDUVINA HERNÁNDEZ y la funcionaria de la Procuraduría de los Derechos Humanos MARIA EUGENIA SOLIS en representación del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Unidad de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (UDEFEGUA), Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG), Seguridad en Democracia (SEDEM), Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala (PDH), Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC), Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Social (ECAP) y Convergencia por los Derechos Humanos procedieron a pronunciarse sobre asuntos que vinculan derechos humanos del MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO –MSICG-, a nuestra abogada LESBIA GUADALUPE AMÉZQUITA GARNICA; y de nuestro Sindicato afiliado, SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA –SITRAPDH-.

Es preciso recordar que obran en esa Comisión alegatos presentados por la represión, persecución, hostigamiento, criminalización y estigmatización sobre el MSICG, el SITRAPDH y la abogada de la Central Sindical que relacionan al Procurador de los derechos humanos en su carácter de entidad patronal.

Los alegatos que en su momento fueron remitidos a esa Comisión y otros que derivan de hechos de violencia más recientes y que incluyen amenaza de muerte han sido puestos con sus respectivos medios de prueba en conocimiento del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- y a estos acaba de referirse un informe preparado por la Oficina de la OIT y dirigido al Consejo de Administración.

En este marco y antes de entrar en materia es imperativo recordar que el surgimiento y evolución de los derechos humanos está íntimamente vinculado a la acción organizada de las personas a través de esfuerzos de masa que hicieron posible reivindicar su reconocimiento y que han empujado su evolución y desarrollo.

Sería muy difícil explicarse la Revolución francesa, la Revolución rusa, la Revolución mexicana, la búsqueda de la autodeterminación de los pueblos después de la segunda guerra mundial y las luchas de los pueblos originarios y sus respectivos aportes a la construcción de los diversos sistemas de reconocimiento y protección de los derechos humanos como productos de un accionar que no involucrara la masa y la organización de la misma; en consecuencia, del papel que han desempeñado los sindicatos como expresión de la clase trabajadora en el reconocimiento, ampliación y defensa de los derechos humanos y particularmente los derechos económicos y sociales.

Es tan así que hoy día, no puede hablarse de algún derecho humano en cuyo reconocimiento y defensa no se haya derramado sangre de trabajadoras y trabajadores.

Este costo también ha sido pagado con la estigmatización e incluso, con la calificación por parte de los sectores más extremos de la derecha como “terroristas” en su búsqueda por conducir a los trabajadores y trabajadoras a la anomía y mediante ello, impedir la defensa de los derechos de la sociedad.

El MSICG ha sido particularmente categórico en que los procesos de selección de funcionarios públicos son profundamente afectados cuando se puja por ubicar en los cargos de que se trate a quienes nos son afines ya que con ello, no solo se desvirtúa la fiscalización social sino también se politiza y se provoca que finalmente quien resulte electo sea el producto de un proceso en que priva el interés político y no el de la sociedad que debiera presuponer la elección de la persona mejor calificada para determinado cargo.

En ese marco, el MSICG, en su búsqueda de la despolitización de este tipo de elecciones, ha cumplido con su función de cuestionar la posibilidad de que un funcionario pueda resultar nombrado, más nunca ha promovido o impulsado la elección de determinada persona o utilizado los procesos de fiscalización con ese fin.

Esta acotación es necesaria precisamente porque la elección del Procurador de los Derechos Humanos, es un producto de eso y de un proceso en donde el corporativismo de la defensa de los derechos humanos condujo a que el proceso de fiscalización perdiera su esencia despolitizadora, debiendo recordar que este corporativismo tenía un candidato y en nombre del interés en ubicarlo como Procurador de los Derechos Humanos se cuestionó oficiosamente a todos los demás candidatos e incluso se pretendió mediante acciones de amparo promovidas a través de terceros, forzar la inclusión de dicho candidato en la terna que se sometería al pleno del Congreso de la República para la elección.

Fue esa politización la que provocó algo solo explicable políticamente, como lo es el hecho de que de la calificación realizada por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, se presentara una terna para seleccionar al Procurador de los derechos humanos incluyendo al primer lugar, calificado con 90.9, al segundo lugar, calificada con 88.2 y al octavo lugar, calificado con un promedio de 71.8, quien fue posteriormente electo como Procurador de los derechos humanos con el voto del entonces partido oficial, sus alianzas, el partido Líder, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y su escisión que posteriormente pasó a convertirse en la bancada del Partido Todos, mismos votos con los que se excluyó a los dos mejores calificados.

Ahora bien, el MSICG no reconoce interlocución alguna que no haya sido electa por los interlocutados; de tal cuenta, tampoco reconocemos que los derechos humanos y sus mecanismos de defensa puedan considerarse como el patrimonio corporativo de estructuras personalistas y mucho menos la posibilidad de que esta expropiación de los derechos humanos a quienes los han construido, defendido y desarrollado les permita profundizar la política de la extrema derecha de estigmatización de la organización social.

Todo lo anterior se trae a colación por lo expuesto por la Señora MARIA EUGENIA SOLIS en su calidad de funcionaria de la Procuraduría de los derechos humanos en su alocución durante el 156º Período de sesiones de la Comisión Interamericana de derechos humanos en la audiencia temática de denuncias sobre criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos y operadores de justicia en Guatemala realizada el 22 de octubre del año 2015, audiencia en la que junto con la señora IDUVINA HERNÁNDEZ hablaron en representación del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Unidad de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (UDEFEGUA), Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG), Seguridad en Democracia (SEDEM), Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala (PDH), Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC) , Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Social (ECAP) y Convergencia por los Derechos Humanos.

De dicha audiencia llama particularmente la atención el trazo paralelo que se realizó entre el ejercicio del derecho de las trabajadoras y trabajadores de conformar un sindicato, el plantear una negociación colectiva, el solicitar en el marco del Estado de derecho que se autorice la realización de una huelga y el derecho de accionar en el marco de ese debido proceso con la violación de los derechos humanos o la persecución de sus autodenominados defensores de los mismos.

Tal acción pareciera orientarse al reconocimiento de una nueva categoría de derechos humanos sobre la base de circunstancias contra las que actualmente está luchando el pueblo de Guatemala ya que del sentido de lo expresado en el caso del SITRAPDH se desprende que se busca garantizar impunidad para determinados funcionarios o personas, privar a las personas del derecho de accionar contra ellos a través de los mecanismos previstos por la ley, reservarse el derecho de calificar la licitud de la libre organización de las personas y el derecho de interferir con la independencia del Ministerio Público y el Poder judicial, entre algunas de las reivindicaciones más relevantes que se enervan de las alocuciones realizadas ante esa Comisión.

Es necesario insistir como el proceso de estigmatización y descalificación contra nuestra compañera Lesbia Amézquita, nuestro afiliado SITRAPDH y el propio MSICG, iniciado el 24 de mayo de 2015 y que fue denunciado en varias ocasiones ante la Comisión sin que a la fecha se nos haya dado respuesta alguna, es prolongado por este grupo de personas ante esa instancia, de la misma manera, tergiversando la verdad y criminalizando el ejercicio de derechos reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico.

En ese marco, para establecer un parámetro objetivo para los efectos de valorar la descalificación relativa a la capacidad de nuestros equipos técnico-jurídicos, teniendo en cuenta que en nuestro país la Ley del Organismo Judicial establece erga omnes en su artículo 3 que “Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario.” Debemos indicar, que es un error jurídico de los intervinientes en dicha reunión el indicar en sus manifestaciones ante ese organismo que el pacto colectivo del SITRAPDH se negociaba en la vía directa puesto que esta negociación no se dio de esta manera por la negativa del Procurador de los derechos humanos a negociar el pacto colectivo de condiciones de trabajo con el Sindicato, motivo por el cual el SITRAPDH en apego a lo que establece el tanto el artículo 51 del Código de Trabajo y el artículo 4 literal a) del Decreto 71-86 del Congreso de la República tuvo que instar la intervención judicial y el poder judicial emplazar al Procurador de los derechos humanos JORGE EDUARDO DE LEÓN DUQUE para que respetara el derecho de negociación colectiva del Sindicato.

A este error jurídico de las personas y organizaciones referidas se suma otro, al señalar que las medidas cautelares o precautorias constituyen un acto de criminalización, aún y cuando desde el conocimiento jurídico más precario es evidente que el propio carácter cautelar excluye la naturaleza punitiva que caracteriza la criminalización, de la misma manera, que las garantías de antejuicio protegen exclusivamente contra la persecución penal y, una medida precautoria o cautelar, es preventiva, no tiene como efecto una pena sino el mero resguardo de una situación jurídica y de esa cuenta no son materia exclusiva del procedimiento penal sino que se prevén en todos los ramos que conoce la jurisdicción ordinaria en Guatemala a esto debe agregarse un aspecto de congruencia toda vez que no se puede defender el antejuicio para unos en tanto se califica el mismo, en el caso de otros funcionarios, como una garantía de impunidad.

Un tercer error jurídico es el que se refiere la naturaleza de la relación; en el marco de las relaciones laborales, que es el afectado por el conflicto colectivo de carácter económico social, el Procurador de los Derechos Humanos no es un defensor de derechos humanos, es un patrono y, en todo caso, en tal relación, los defensores de derechos humanos son el Sindicato, el MSICG y nuestra abogada.

Finalmente, debemos referirnos a un cuarto error jurídico, incluso contradictorio con las garantías previstas en nuestro orden constitucional, y este se refiere a la propia naturaleza de los mecanismos y normas del sistema interamericano de derechos humanos, ya que se cuestiona el accionar de tribunales e instituciones que han actuado en el marco de sus atribuciones constitucionales en procesos que se encuentran en trámite y que tales mecanismos no solo obvien la falta de definitividad procesal interna sino también que a través de los mismos se pueda vulnerar la independencia del poder judicial, la autonomía y objetividad del Ministerio Público.

Sin embargo, preocupa aún más que este intento de debilitamiento de la independencia judicial y sobre todo del inédito papel que ha desempeñado el Ministerio Público en nuestro país se produzca en los momentos en que los esfuerzos anticorrupción han comenzado a alcanzar al sector empresarial y a quienes fueron altos funcionarios del gobierno que antecedió al gobierno del Partido Patriota y que se pretenda mediante ello alcanzar impunidad para el último funcionario puesto por el gobierno de dicho partido.

Pero sobre todo que esto se haya realizado con el objetivo de obstruir la investigación que debe realizar el Ministerio Público relacionada con las amenazas de muerte, falsificación de documentos, coacción, estigmatización y criminalización realizadas contra las directivas del SITRAPDH, el MSICG y su abogada y que han sido documentadas y denunciadas al Ministerio Público desde donde se han requerido los antejuicios correspondientes ante la Corte Suprema de Justicia previo a ejercerse la persecución penal.

En este marco el MSICG deplora profundamente que las asociaciones representadas en esa audiencia se hayan referido a que tanto el MSICG como el SITRAPDH tienen vínculos con la Fundación contra el terrorismo y hayan indicado que tanto la constitución del SITRADPH, como el intento de ejercer la negociación colectiva en beneficio de los trabajadores y de tramitar un proceso de huelga por las vías legales es un acto de terrorismo, un ataque a los derechos humanos y a la Procuraduría de los derechos humanos.

Asimismo al igual que el SITRAPDH lo hizo, el MSICG aclara que no tienen ninguna vinculación con la Fundación contra el terrorismo, y que siendo una Central sindical clasista y de izquierda tampoco comparte sus principios aunque tiene claridad que, desde la lógica que impone el derecho a la igual protección de la ley que reconoce el artículo 24 del Pacto de San José, el mismo derecho tienen a organizarse o de acudir ante los tribunales del país para hacer valer los derechos que tengan o crean tener tanto la denominada Fundación Contra el Terrorismo, como las organizaciones que comparten igual estatuto como lo son CALDH, UDEFEGUA, ODHAG, ICCPG, UNAMG, SEDEM, ASFC, ECAP y el sector empresarial aglutinado en el CACIF y las diversas cámaras empresariales.

Los señalamientos realizados ante la Comisión en este caso son un mecanismo más de los muchos que ha estado utilizando el Procurador de los derechos humanos para criminalizar, estigmatizar y amedrentar a la directivas del SITRAPDH, del MSICG y su abogada y para obstruir el derecho de sindicalización, negociación colectiva y huelga del SITRAPDH y tienen como antecedente los despidos antisindicales (declarados mediante sentencias firmes por los tribunales de trabajo), la estigmatización y la criminalización realizada desde la Procuraduría de los derechos humanos en contra del SITRAPDH, el MSICG y la abogada de la Central Sindical en la cual incluso se les llegó a señalar de pertenecer a las estructuras criminales identificadas por el Ministerio Público como la Línea e IGSS-PISA, estigmatización que dejó de utilizarse cuando la Fiscalía contra la impunidad en Guatemala –FECI- adscrita a la Comisión internacional contra la Impunidad -CICIG- desvinculó a los directivos del MSICG de dichas estructuras criminales.

Igualmente tienen como antecedente amenazas de muerte proferidas contra directivas del SITRAPDH, el inicio de procesos internos en su contra para despedirlas por el ejercicio de actividades sindicales legítimas y una serie de procesos penales instados por la patronal contra el SITRAPDH y directivas del MSICG con lo cual se busca su encarcelamiento.

Ante la congruencia del MSICG, SITRAPDH y su abogada con la defensa de los intereses de la clase trabajadora ahora se llega al punto de criminalizarnos desde una instancia como la Comisión en la cual se llegó al extremo de imputársenos actos de terrorismo entre otras acusaciones infundadas que fueron inmediatamente publicadas en la página web de la Procuraduría de los derechos humanos y distribuidas entre todos los trabajadores y trabajadoras de la Institución.

En este contexto el MSICG lamenta que ese alto organismo haya debido ser testigo de los niveles de articulación y estigmatización que se ejercen en nuestro país contra derechos tan esenciales para la construcción y salud de cualquier Estado democrático, como lo es el caso de la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, derechos reconocidos por el Protocolo adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador-.

Para finalizar, les requerimos respetuosamente que una copia íntegra de esta comunicación sea entregada o remitida a todas las personas e instituciones presentes durante la sesión de la Comisión a que esta comunicación se refiere y les informamos que por un principio de lealtad surgido de nuestra vocación democrática, más que de una obligación de reciprocidad ya que como es evidente no operan las condiciones básicas para la misma, la presente comunicación se hará llegar a las instancias que consideremos pertinentes y que nos reservamos el derecho de publicar esta comunicación por las vías y medios que consideremos necesario para obtener un efectivo desagravio.

Nos suscribimos de Ustedes,

Deferentemente,

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO
MSICG