Martes, 17 Noviembre 2015 18:00

MSICG se opone a exoneraciones fiscales impulsadas nuevamente por el gobierno y el CACIF

En su momento el MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO –MSICG- publicó su informe de investigación “La maquila textil y de confección en Guatemala: ¿oportunidad y desarrollo?” en el cual dedicó dos capítulos a cuestionar las extensas exoneraciones tributarias otorgadas a los empresarios al amparo de los Decretos 29-89 y 65-89 ambos del Congreso de la República y que se encuentran vigentes desde 1989.

En este informe el MSICG hizo público también el nombre de todas las empresas y empresarios amparados en dichos Decretos, como estos defraudaban al Estado simulando cierres de las empresas para gozar eternamente de las distintas exoneraciones tributarias, los montos de impuestos estimados que dejaba de percibir el Estado producto de dichas exoneraciones, y la reiterada violación a los derechos mínimos de los trabajadores y trabajadoras que en estos centros de trabajo se propiciaban con el aval y encubrimiento del Estado.

Es de resaltar que al abrigo de dichas leyes se amparan, como lo documentó el informe presentado por el MSICG, empresarios dedicados a la exploración y explotación de recursos naturales, a la producción de alimentos, bebidas, vestuario, constructoras, de bienes de consumo diario, y en fin casi todas las actividades productivas del país llegando incluso a extenderse tales exenciones a otro tipo de beneficios como la impunidad en las constantes violaciones a los derechos laborales y el establecimiento de un salario mínimo diferenciado e inferior a los salarios mínimos generales para los trabajadores que laboren para las empresas amparadas en dichos regímenes los cuales dependen expresamente de que el patrono goce de estos privilegios fiscales.

También es necesario subrayar que las condiciones económicas y sociales de la población así como las propias condiciones de trabajo y el propio acceso al empleo, no han tenido un cambio positivo en 26 de años de vigencia de este tipo de normas, por el contrario, los niveles de pobreza, miseria y explotación se han incrementado alarmantemente de 1989 a la presente fecha.

Estas exoneraciones tributarias operan en detrimento de la capacidad del Estado de garantizar salud, educación, y los servicios básicos a la población para vivir en condiciones de dignidad y constituyen un acto de competencia desleal hacia otros Estados cuyos empresarios cumplen su deber de tributación, razón por la cual la Organización Mundial del Comercio fijó como plazo perentorio hasta el 15 de diciembre de 2015 para que el Estado de Guatemala deje sin vigencia estas modalidades de subvenciones a la exportación de bienes y servicios.

A los efectos de evadir este compromiso internacional aduciendo que se trata de normas preexistentes, las guatemaltecas y guatemaltecos vimos cómo el gobierno de Otto Pérez Molina siguiendo el mandato de las diversas cámaras empresariales trató de imponer la aprobación de nuevas leyes a través de las cuales se pretendía generalizar las exoneraciones tributarias a todos los empresarios de todos los sectores productivos por tiempo indefinido. Este mismo mandato, es ejecutado ahora por el gobierno de Alejandro Baltazar Maldonado Aguirre que a través de su Ministro de Economía con el apoyo del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –CACIF- promueven la Iniciativa de Ley denominada Ley emergente para la conservación del empleo.

Esta iniciativa resulta por demás contradictoria pues implica nuevos y mayores privilegios fiscales en un momento en que el Estado se sumerge aceleradamente en profundos abismos fiscales al extremo de encontrarse casi totalmente desfinanciado e incapaz de sostener incluso las condiciones precarias en que se atendían las necesidades básicas de la población.

Es todavía más contradictorio que el sector empresarial se niegue a la posibilidad de pagar un impuesto específico para financiar la lucha contra la impunidad y la corrupción, como el propuesto por CICIG, aduciendo que este financiamiento debe provenir del adecuado manejo de los actuales recursos tributarios del Estado en tanto que se pretende imponer privilegios fiscales y se obvia que las coimas por obras públicas sobrevaloradas, deficientes o inexistentes y aún las propias estructuras de defraudación aduanera son producto del modelo de país que ha construido el propio sector empresarial en su cultura de no tributación, enriquecimiento sin responsabilidad social y saqueo del Estado.

En este marco el MSICG se opone a cualquier exoneración fiscal que pretenda implementarse o que mantenga vigente las actuales exoneraciones a costa de la miseria y de la exclusión social de los y las trabajadoras y sus familias y exige al Congreso de la República la no aprobación de la Iniciativa de ley denominada “Ley emergente para la conservación del empleo” a la vez que llama a sus bases y a la población en general a estar atentos y preparados para accionar y reaccionar en caso de que tal iniciativa sea aprobada como un acto más de felonía por parte del Congreso de la República hacia la población y el futuro de Guatemala.

CONSEJO POLÍTICO
MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO
MSICG