Martes, 24 Noviembre 2015 18:00

MSICG reafirma su lucha para la eliminación de la violencia contra las mujeres

El MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO –MSICG- en el marco de la conmemoración del DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER ratifica que la lucha contra la violencia estructural hacia las mujeres sigue siendo una necesidad de primer orden a nivel mundial y que poco se ha avanzado hacia su eliminación a pesar de la aprobación y puesta en vigencia de múltiples instrumentos de derechos humanos cuyo objetivo fundamental es la protección de las mujeres ante la violencia en su contra en todas las expresiones en que se manifiesta.

Los femicidios, la violencia física, sexual, económica y psicológica, la mutilación genital, el tráfico de mujeres y niñas, la violencia sexual hacia las mujeres que se recrudece en países que se encuentran inmersos en conflictos armados internos y guerras provocadas por intereses imperialistas y colonialistas, la discriminación, el reparto de roles sexistas en el hogar, la sociedad y el trabajo, la discriminación salarial y en el empleo, siguen siendo una constante a nivel mundial cuya consecuencia ha sido el sometimiento de las mujeres a la necesidad de librar intensas luchas para el reconocimiento de mínimos de dignidad y sobrevivencia en condiciones cada vez más hostiles hacia nosotras por nuestra condición de mujeres.

La falta de voluntad política de la mayor parte de Estados a nivel mundial se continua traduciendo en altos niveles de permisibilidad e impunidad de los actos de violencia contra las mujeres, en la falta de inversión en políticas públicas destinadas a frenar este ataque a la dignidad de las mujeres y el mantenimiento o creación de legislación discriminativa para con las mujeres.

En Guatemala, un país recientemente ubicado por el Banco Mundial en el último lugar a nivel mundial en inversión social y en donde la violencia y discriminación contra la mujer se evidencia en la totalidad de indicadores de desarrollo humano no resulta extraño que la condición a la que hemos sido sometidas las mujeres nos ubique en las excluidas dentro de los más excluidos.

A pesar de constituir más del cincuenta por ciento de la población total de Guatemala continuamos sometidas a relaciones desiguales de poder tanto en el ámbito privado como el ámbito público, especialmente en el acceso a la seguridad, la salud, la educación, el trabajo, los medios de producción y reproducción de la riqueza.

Según datos oficiales aunque el 59.46% de la población vive en condiciones de pobreza, las mujeres representamos el 52.10% de los pobres; únicamente el 51.2% de las mujeres tenemos acceso durante nuestros partos a un establecimiento de salud; la tasa de mortalidad materna es de 139,5 muertes por cada 100,00 nacidos vivos una de las más altas de la región (estas muertes maternas afectan en su mayoría a las mujeres indígenas (70%), con escasa educación (46% analfabetas) y multíparas; el 68% de las mujeres no tenemos tan siquiera acceso a los servicios de Papanicolaou y más del 30% somos analfabetas.

En el acceso a la vivienda la situación para las mujeres no ha variado en todas las formas, es decir, propiedad, alquiler, y crédito, las mujeres seguimos sin participar de forma equitativa en la tenencia de vivienda no superando nuestra participación el 18.7%.

En lo relativo al acceso a la tierra, según las Encuestas Nacionales Agropecuarias de 2005 y 2008, el 83% y 85%, respectivamente de la tierra para el cultivo en todas las formas de tenencia es decir en propiedad, arrendamiento o usufructo está en manos de productores hombres mientras que un 16% y 15% respectivamente está en manos de mujeres, en tanto que los hombres productores individuales tienen la mayor parte de la tierra en propiedad y arrendamiento, las mujeres productoras individuales la poseemos en usufructo y colonato.

Aunque nuestra participación en el trabajo asalariado ha venido creciendo, seguimos teniendo graves obstáculos para incorporarnos al mismo, no sólo porque las mujeres tenemos una carga laboral sin remuneración que representa por lo menos seis horas diarias sin que existan alternativas relativas al cuidado infantil, sino porque en un país tan violento para las mujeres como Guatemala nuestra incorporación al trabajo incrementa nuestra vulnerabilidad y exposición a diversos tipos de violencia de género.

Por otro lado, aunque la población ocupada en promedio no gana un salario que alcance a cubrir el costo de la Canasta Básica Alimentaria y mucho menos el Costo de la Canasta Básica Vital, las mujeres seguimos ganando entre el 50% y el 30% menos del salario que devengan los hombres por el desempeño del mismo trabajo, o incluso menos, dependiendo de la actividad económica que desempeñemos, el área geográfica en que prestemos nuestros servicios o de si somos mujeres indígenas o no indígenas.

La segmentación del trabajo también evidencia que las mujeres seguimos ocupadas mayoritariamente en empleos precarios en sectores como el comercio al por mayor y menor, transporte y almacenamiento, actividades de alojamiento y servicios de comida, en el trabajo de casa particular, en el trabajo agrícola, y en la industria manufacturera y el Estado ha implementado como política desde el año 2008 que en los sectores donde más mano de obra femenina se emplea los empleadores paguen un salario mínimo inferior al que se paga en otros sectores productivos tal es el caso de las trabajadoras de la maquila y del sector agrícola de exportación, entre otros.

En este marco las formas de violencia hacia las mujeres han ido también aumentando, los datos oficiales muestran un alarmante registro de casos denunciados de violencia intrafamiliar del año 2008 a la fecha, la violencia física, la violencia sexual, y la violencia psicológica han seguido el mismo patrón de aumento ante una ineficiente respuesta del Estado por resolver la grave situación lo que incluso ha llevado a la muerte a mujeres que han instado al sistema de justicia denunciando la violencia de la que son objeto.

La manifestación de estos actos de violencia hacia las mujeres se refleja también en la tasa de fecundidad juvenil que representa el número de niñas y niños nacidos de adolescentes de 13 a 19 años de edad por cada mil mujeres el cual es alarmante llegando a representar el 66.7%. En estos casos a los problemas y riesgos de salud tanto para la madre como para el niño o niña se suman las limitaciones que los embarazos y partos en esta edad representan para las mujeres tanto en su acceso a la educación, a optar a mejores puestos de trabajo y en términos generales a poder acceder a un nivel aceptable de desarrollo.

En su mayoría estos embarazos y partos están relacionados con actos de violencia sexual hacia las adolescentes siendo los agresores frecuentemente miembros del mismo grupo familiar o personas cercanas.

La vida política sigue siendo un ámbito reducido a las posibilidades económicas de los y las candidatas o bien a las élites económicas financistas de los partidos políticos y un campo exclusivo de los hombres no indígenas.

Frente a esta crisis de derechos humanos de las mujeres el MSICG reafirma su compromiso de seguir informando a las mujeres, asesorándolas, organizándolas e impulsando políticas públicas, legislativas, sindicales y cambios estructurales que nos permitan vivir como mujeres en condiciones dignas y en plena igualdad social, política y económica.

CONSEJO POLÍTICO
MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO
MSICG