Domingo, 13 Diciembre 2015 18:00

MSICG ratifica su oposición a la Iniciativa de Ley número 5007 que busca que los empresarios continúen sin pagar impuestos

Las guatemaltecas y guatemaltecos hemos visto como fue desarticulada la estructura criminal denominada “la Línea” dedicada a la defraudación tributaria en las aduanas; no obstante, aunque se ha capturado a la estructura coyuntural, persiste como deuda para con la sociedad guatemalteca la captura y enjuiciamiento de la parte más importante y permanente de dicha estructura delincuencial; es decir, la que se beneficia, se ha beneficiado y continuará beneficiándose de la defraudación tributaria y a cuyos nombres aún no se acerca la investigación que se ha divulgado con tanta amplitud por los medios de comunicación social.

Esta parte oculta de la estructura es la que ha generado los mecanismos y condiciones para garantizarse; por una parte, la explotación de la sociedad mediante el establecimiento de condiciones laborales cada vez más precarias y; por la otra, la acumulación de riqueza sobre la base del incumplimiento de sus obligaciones tributarias, la que ha auspiciado estructuras como la línea, las que han saqueado permanentemente al Estado a través de las compras y contrataciones, la que ha promovido fallos como los que declaran oficiosamente inconstitucional cualquier mecanismo para el incremento de impuestos directos o cualquier medida para hacer eficiente la recaudación y fiscalización del pago de impuestos y que han mantenido las irrisorias regalías por la expropiación de los recursos naturales del Estado.

Esta estructura criminal, organizada sectorialmente y con representación en cada espacio multisectorial del Estado a la par que lo desfinancian mantienen una constante presión para que la inversión de este privilegie la construcción de infraestructura para la facilitación de sus fines, irónicamente, financiada por quienes menos tienen y que si pagan sus impuestos.

En ese sentido, el incremento de los niveles de pobreza y pobreza extrema en el país así como las marcadas condiciones de desigualdad y la propia incapacidad del Estado para el cumplimiento de los fines básicos que le establecen los dos primeros artículos de nuestra Constitución son el producto de una corrupción que trasciende de los órganos de poder político y se afianzan en un sector empresarial que corrompe y desfinancia al Estado en tanto que mata a pausas a la población al tiempo que pone en marcha toda su maquinaria mediática para convencernos de que lo que han provocado y su profundización son la mejor expectativa de presente y futuro que tenemos las guatemaltecas y guatemaltecos.

Es en este marco que durante años la población guatemalteca ha subsidiado al sector denominado de maquila y exportación absorbiendo su carga tributaria a través de impuestos indirectos como el IVA y soportando la ineficacia del Estado para cubrir las necesidades básicas, también se nos ha obligado a subsidiar su enriquecimiento imponiéndonos un salario mínimo diferenciado, la ineficacia del sistema de justicia laboral y la inoperancia de un control de constitucionalidad carente de independencia y flaco garante de las disposiciones constitucionales. Todo, bajo el argumento de que estas actividades contribuirían a generar desarrollo en el país; pese a esto, desde 1986, es decir, durante 29 años, tan solo hemos visto el incremento de la pobreza, la miseria, la exclusión y un Estado cada vez más impotente para hacer frente a las necesidades de la población.

Para el MSICG, al igual que para la mayoría de la población, la corrupción estructural es un flagelo que debe detenerse y no solo coyuntural o mediáticamente sino también desde las estructuras que de manera permanente se benefician del saqueo del Estado en todos sus componentes. Como población, no podemos admitir que este continúe ni que el financiamiento del Estado se pretenda trasladar a la población con llamados a la caridad como medida de encubrimiento de quienes incumplen sistemáticamente con sus obligaciones empresariales.

La iniciativa número 5007, denominada “Ley Emergente para la conservación del empleo” presentada por los diputados Gudy Rivera Estrada (PP), Edgar Ajcip Tepeu (PODEMOS), Juan José Porras Castillo (VIVA), Orlando Joaquín Blanco Lapola (UNE), Roberto Kestler Velásquez (TODOS), Christian Jacques Boussinot Nuila (TODOS), Jean Paul Briere Samayoa (TODOS), Luis José Fernández Chenal (INDEPENDIENTE), Felipe Alejos Lorenzana (TODOS), Marta Odilia Cuellar Girón de Martínez (PP) y Mario Santiago Linares García (PP) no es sino otro de los mecanismos a través de los cuales se pretende continuar con el saqueo del Estado y de la población y para ello se les extorsiona bajo el argumento de la pérdida de puestos de trabajo o condicionando a su aprobación la ratificación de un tratado de libre comercio con Corea del Sur, país con el cual la balanza comercial para Guatemala fue negativa en el año 2014 y cuyo monto en exportaciones guatemaltecas fue de USD$ 293,034.10 e importaciones de USD$ 440,031.30.

El MSICG reitera su exigencia a los diputados del Congreso de la República de que no sea aprobada la iniciativa número 5007 y llama a la población a estar alerta y no perder de vista el hecho de que la corrupción, la pobreza y pobreza extrema del país, la falta de seguridad, de educación de calidad y de un sistema de salud efectivo, entre otras cosas, es responsabilidad directa de esa parte de “la línea” que hasta ahora se mantiene impune.

CONSEJO POLÍTICO
MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO
MSICG