Lunes, 31 Marzo 2014 18:00

MSICG condena y acciona contra desobediencia de PDH de orden de reinstalación firme

El Movimiento sindical, indígena y campesino Guatemalteco –MSICG- condena la actitud al margen de la ley asumida el día de hoy 1 de abril del año 2014 por el Señor JUAN PABLO ARCE GORDILLO quien en representación del Procurador de los derechos humanos JORGE DE LEÓN DUQUE se negó a cumplir la orden firme de reinstalación emanada del Juzgado primero de trabajo y previsión social del departamento de Escuintla a favor del trabajador MARCO ANTONIO CABRERA HERNÁNDEZ quien fue despido como represalia por haber ejercido su derecho a organizarse sindicalmente en el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA –SITRAPDH-, sindicato afiliado al MSICG.

El MSICG no puede sino lamentar la actitud al margen de la ley asumida por el Procurador de los derechos Humanos a través de su representante y desde ya hace público que ha solicitado al tribunal competente la certificación al ramo penal contra el Señor JUAN PABLO ARCE GORDILLO por los delitos de desobediencia y resoluciones violatorias a la Constitución entre otros que de la investigación se desprendan y contra los autores intelectuales de dicha desobediencia.

Al respecto el Código penal establece en su artículo el artículo 420 que incurre en el delito de “Desobediencia- El funcionario o empleado público que se negare a dar el debido cumplimiento a sentencias, resoluciones u órdenes de autoridad superior dictadas dentro de los límites de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, el responsable será sancionado con prisión de uno a tres años y multa de doscientos a dos mil quetzales.”

Por su lado el artículo 423 del mismo cuerpo legal establece que incurre en el delito de Resoluciones violatorias a la constitución el funcionario o empleado público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a disposiciones expresas de la Constitución de la República o a sabiendas, ejecutare las órdenes o resoluciones de esta naturaleza dictadas por otra funcionario, o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere, y que el mismo será sancionado con prisión de uno a dos años y multa de doscientos a dos mil quetzales.

El MSICG se querellará en los procesos penales que desde ya se están instaurando en contra de los responsables de esta flagrante violación a la libertad sindical y al cumplimiento de una orden firme de reinstalación dictada por juez competente e incumplida por la máxima autoridad en conciencia de derechos humanos del país.

Son acciones de funcionarios públicos como estas las que el Consejo de Administración de la Organización internacional del trabajo debe considerar para instalar una Comisión de encuesta sin más dilaciones para el país en su reunión del mes de noviembre de 2014 en donde se discutirá de nuevo el caso Guatemala por las graves y reiteradas violaciones a la libertad sindical y a instancias de las acciones planteadas por el MSICG.

CONSEJO POLÍTICO
MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO
MSICG