Jueves, 04 Diciembre 2014 18:00

Presupuesto del año 2015: El sueño de Alí Babá

Para el MSICG la aprobación del presupuesto Nacional, es el producto de varias medidas preparatorias tendientes a garantizar la impunidad en el saqueo del Estado; la primera, fue el antecedente del reconocimiento de una deuda ilegal, adquirida por obra difícilmente localizable y al margen del presupuesto; la segunda, la implementación de Reformas que debilitaron aún más las posibilidades fiscalizadoras y sancionatorias de la Contraloría General de Cuentas; la tercera, la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de la Corte de Apelaciones en un proceso que redujo a la formalidad los mecanismos de postulación, el menos transparente de la historia y en el cual se mostraron en su plenitud la existencia de estructuras paralelas capaces de inutilizar las previsiones constitucionales para garantizar la independencia del Organismo Judicial; la cuarta, que se materializaría al no renovarse el mandato de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala al solo anuncio de que investigaría el financiamiento de los partidos políticos y el enriquecimiento de funcionarios públicos y la quinta, la elección de un Contralor General de Cuentas que garantice la ineficacia de la ya débil fiscalización que puede realizar la Contraloría General de Cuentas luego de las reformas implementadas a su Ley Orgánica por impulso del Organismo Ejecutivo.

En todos estos aspectos, de manera paulatina, ha quedado evidenciado que en el país no existe una oposición política sino más bien conflictos de intereses y pujas por la repartición de cuotas de poder y recursos del Estado.

El presupuesto aprobado para el año 2015 autoriza a los Consejos Departamentales de Desarrollo la suscripción de contratos para la ejecución de obra pública con organizaciones no gubernamentales, con lo cual se crean las condiciones para la corrupción y se reactivan las pujas por el listado geográfico de obras, lo cual se torna mucho más grave si tenemos en cuenta que el año que se aproxima es un año electoral, lo que presupone la existencia de un acuerdo para viabilizar el financiamiento de algunas campañas políticas con fondos del Estado.

El presupuesto aprobado elimina también los certificados de disponibilidad financiera, con lo cual se abren las puertas para que el actual gobierno, al igual que lo hizo el gobierno anterior, contrate supuesta obra pública sin respaldo presupuestario y que, como lo hizo el actual gobierno, el gobierno siguiente absorba dicha deuda endeudando más a las guatemaltecas y guatemaltecos.

De la misma manera, como se intentó al incluir más endeudamiento y una ampliación presupuestaria para el Ministerio de Comunicaciones, Transporte y Vivienda, espacio de poder asignado al candidato presidenciable del partido de gobierno, en la Ley para la protección de obtenciones vegetales, como se intentó con la aprobación de bonos del tesoro, en el presupuesto para el año 2015 se asignan más de 1900 millones de quetzales sin un fin determinado a dicha entidad.

Asimismo el Presupuesto aprueba una serie de impuestos, supuestamente directos, pero cuyo efecto será eminentemente indirecto ya que estos serán trasladados a la población al utilizar el teléfono y al comprar el saco de cemento ya sea que lo compre directamente o que lo compre el Estado con los impuestos de esta para financiar las carreteras en donde pasan los productos que exportan los empresarios.

Por si esto no fuera poco se decide que las Mineras sigan saqueando los recursos no renovables del país sin que tan siquiera paguen los impuestos que deberían pagar, se siguen manteniendo las exenciones tributarias otorgadas a las empresas de maquila y exportación en violación a los compromisos del Estado de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio y se omite reformar la Ley del Impuesto Sobre la Renta para asegurar que los que más tienen sigan sin tributar al Estado conforme los principios de justicia social.

En contrapartida a esto se disminuyen los presupuestos del sector justica y de inversión social y se duplica el subsidio al servicio de transporte permitiendo que este se utilice de forma discrecional, sometiendo a los guatemaltecos a un servicio de transporte ineficiente, prestado por pilotos laboralmente precarizados y en condiciones de inseguridad para los usuarios, evadiendo la solución real que es la estatalización de tal servicio.

Si bien es cierto, en un país en donde resulta cuestionable la transparencia incluso de los premios simbólicos que entrega la prensa a los funcionarios públicos, en donde las necesidades esenciales de la población son dejadas de lado por la generación de nichos de corrupción y entrega de prebendas a organizaciones y dirigentes que juegan el papel de grupos de choque y presión del gobierno de turno y en donde se reprimen las justas demandas de los agentes de la seguridad civil del Estado ante sus reclamos por ser objeto de trabajo asimilable a modalidades de trabajo forzoso, y en donde la labor política se ha degenerado a tal punto de limitarse a un ejercicio de organización, planificación y repartición del saqueo del Estado y sus Instituciones, un presupuesto como el aprobado para el año 2015 no resulta extraño; aunque sí indignante y una clara muestra de la evidente degradación del Estado y el sistema de partidos políticos.

En este contexto el MSICG urge al Tribunal Supremo Electoral la pronta resolución de la solicitud que le fuera realizada por el MSICG y pide además a la población manifestar su repudio a la grave situación por la que atravesamos y, sobre todo, tenerla muy en cuenta al momento de recibir en sus comunidades y barrios a quienes no solo están condenando a esta generación sino también a las generaciones venideras.

El pueblo les dio un voto y han convertido el Estado en una cueva de ladrones.

CONSEJO POLÍTICO
MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO
MSICG