Lunes, 17 Noviembre 2014 18:00

MSICG se opone a la aprobación de más endeudamiento público

El Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco –MSICG- lamenta que el Estado de Guatemala se encuentre atravesando actualmente por una “aparente crisis de liquidez” y que ello esté afectando la debida prestación de servicios esenciales y esté privando de su acceso al salario a decenas de miles de trabajadoras y trabajadores en los diversos organismos e instituciones del Estado.

No obstante, resulta más preocupante aún que se pretenda paliar una crisis de liquidez mediante un mayor endeudamiento público a través de la emisión de bonos del tesoro obviando el debate de fondo y la deducción de las responsabilidades que corresponden a quienes son los causantes y responsables de esto.

La situación respecto a la liquidez del Estado no es producto de la casualidad sino más bien el resultado de toda una serie de desaciertos cometidos con plena conciencia por los y las funcionarias públicas y por las cuales se deben deslindar responsabilidades de todo orden.

Debemos recordar que durante el gobierno anterior, se adquirió una millonaria deuda al margen del presupuesto del Estado, que contravenía toda la legislación relativa a la contratación pública respecto a la cual, lejos de hacerse una defensa de los intereses del Estado, se optó por pagar la misma obviando su evidente ilegalidad.

En el primer presupuesto aprobado durante la gestión del actual gobierno, a los efectos de evadir las limitaciones a las transferencias presupuestarias e impedir el control parlamentario sobre el manejo del presupuesto, se recargó este en gastos operación reduciendo los gastos destinados a la inversión que, de conformidad con la ley, no pueden ser transferidos al presupuesto operativo.

Se impulsó una llamada reforma tributaria que sobrecargó los tributos en los sectores de menor ingreso y eliminó el control cruzado que ejercía la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- a través de las planillas presentadas por los trabajadores y trabajadoras para la deducción del IVA pagado del monto del ISR, con lo cual se perdió el interés de las personas de exigir facturas por sus compras y a la vez se imposibilitó el control de la SAT sobre las ventas realizadas por las empresas y sobre sus utilidades.

Lejos de cumplir con los compromisos internacionales del Estado de eliminar las subvenciones a la exportación, principalmente la operada a través de exenciones y beneficios fiscales, el actual Gobierno promovió ante el Congreso de la República una iniciativa de Ley que extiende los privilegios fiscales y amplía los ya otorgados al sector denominado de maquila y exportación a todas las actividades productivas.

La política salarial impulsada por el Estado, tanto en lo referente a los salarios en el sector público como en el sector privado y la falta de fiscalización efectiva del cumplimiento del pago de los salarios mínimos que se ubican por debajo del costo de la Canasta Básica Vital –CBV- y que ahora pretende recrudecerse mediante la fijación salarios mínimos diferenciados por circunscripción territorial a efecto de establecer salarios aún más precarios, sumado a lo que ya apuntamos en materia tributaria, ha tenido un doble efecto; por una parte, ha reducido la capacidad de consumo de la población y por el otro, ha permitido el incremento de las utilidades de sectores que no son efectivamente fiscalizados en la renta que obtienen y que, como consecuencia, de ello, no tributan conforme a su capacidad de pago y su responsabilidad tributaria.

En este marco, los presupuestos se han realizado proyectando una meta fiscal poco realista pretendiendo que la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- obtenga una recaudación muy elevada de los sectores con menos capacidad de pago y sin poder fiscalizar que los sectores con mayor renta en el país tributen de manera acorde a sus ingresos.

A pesar de que uno de los argumentos de campaña del actual Partido de gobierno fue su compromiso con la transparencia, en la práctica, luego de una gestión que puede calificarse como la menos transparente en las últimas décadas, impulsó e impuso una reforma a la normativa de la Contraloría General de Cuentas que la imposibilita de fiscalizar de manera efectiva el gasto público.

La realidad del país, y la lógica desde la cual nos gobiernan y en función de la cual pretenden endeudarnos, puede evidenciarse en el desequilibrio salarial existente toda vez que en tanto que el Presidente Otto Pérez Molina tiene un ingreso declarado de las arcas del Estado equivalente a Q. 141,167.00 mensuales, el Plan Anual de Salarios aprobado por el mismo Presidente de la República para la Administración Pública mediante el Acuerdo Gubernativo 543-2013 fija un salario de Q. 1039.00 mensuales para los trabajadores operativos II (la serie más baja de la escala) y de Q. 6,759.00 para la categoría profesional especializada IV (la serie más alta de la escala) en tanto que la Vicepresidenta percibe ingresos declarados mensuales de Q. 136,412.00. Dicho en otras palabras, el Presidente y la Vicepresidenta devengan un salario al menos 20 veces mayor que el que devenga la escala más alta y al menos 135 veces mayor que la escala más baja del plan anual de salarios de la administración pública. De la misma forma, existen asesorías contratadas que, sin tratarse de personal de carrera, especializado y sin que haya pasado por un proceso de educación y sin tener la obligación de cumplir con una jornada de trabajo obtienen ingresos muy por encima del salario que se le proporcionara la categoría profesional más alta del plan anual de salarios de la administración pública.

A esto se suman los beneficios no declarados que se les confieren a las organizaciones sindicales afines al gobierno y que operan como instrumentos, de choque o de presión para gestionar los intereses del partido oficial y que van desde el otorgamiento de vehículos, gasolina hasta el permitir que cuenten con personal liberado a tiempo completo con goce de salario, tal como sucede en los casos del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en tanto, se aduce que no existen recursos para cumplir con cuestiones fundamentales como la refacción escolar o insumos para atender a la población en los hospitales y centros de salud.

Es preciso recordar también que es durante el actual gobierno en el que se ha manifestado de manera más abierta, la existencia de intereses ajenos a los del Estado, determinando cuotas de poder, listados de obras e incluso la aprobación de más endeudamiento público, conduciendo a una pérdida cada vez más acelerada de la poca credibilidad del Estado y de la confianza de la población en sus instituciones. Esto, ha sido acelerado por la falta total de una oposición que cuestione el gobierno por intereses distintos a los que han determinado el actual rumbo de cosas.

Para el MSICG resulta particularmente llamativo que el Congreso de la República de Guatemala haya dedicado más tiempo, muy bien remunerado por el erario nacional, a pujas entre bloques legislativos y relativas a la repartición del Estado y sus instituciones que a aprobar legislación importante para el país como lo es el caso de la Iniciativa de Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral o la Renovación del Mandato de la CICIG que resulta imperativa ante la innegable degradación e infiltración del Estado por intereses ajenos al cumplimiento de los fines que la Constitución Política de la República de Guatemala le establecen al aparato estatal.

En este marco, el MSICG manifiesta su oposición a la aprobación de más endeudamiento público y en consecuencia a la aprobación de los bonos pretendida por el actual gobierno, esto porque su aprobación presupondría la legitimación de la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos y la evasión de la problemática de fondo, y por lo mismo propone:

    • Se renueve el mandado de la CICIG.
    • Se apruebe la Iniciativa de Ley del Sistema de Desarrollo Rural Integral sin modificación alguna al articulado que fue originalmente presentado al Congreso de la República.
    • Se inicie inmediatamente un profundo proceso de revisión de la totalidad del gasto público a efecto de determinar, en caso de que realmente exista, las causas de la falta de liquidez para el financiamiento del actual presupuesto del Estado.
    • Se Implemente una reforma fiscal que cumpla con el compromiso internacional del Estado de eliminar las subvenciones tributarias a la exportación y garantice la justicia y equidad tributaria.
    • Se revise la legislación relativa a las regalías que obtiene el Estado de Guatemala por la explotación de sus recursos no renovables, de tal manera que permita una efectiva fiscalización de los beneficios reales que se obtienen y estableciendo tales regalías en un mínimo del 50% de dichos beneficios.
    • Se reforme la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas a los efectos de fortalecer sus mecanismos de fiscalización del gasto público para que pueda ejercer una fiscalización sobre la calidad y eficiencia del gasto y cuente con una total autonomía y herramientas para sancionar drásticamente a los responsables de anomalías en la gestión de los recursos del Estado.
    • Se reforme la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos a efecto de que quienes ocupen cargos de elección popular, elección indirecta o tengan bajo su administración bienes y recursos del Estado, estén obligados a mantener su declaración de bienes hasta por un mínimo de diez años posteriores a la fecha en que hayan dejado el cargo.
    • Se reforme la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos estableciendo expresamente la obligación de los tribunales de ordenar a la Procuraduría General de la Nación iniciar los procesos para repetir en contra de las personas responsables del daño al patrimonio del Estado, en los casos en que este haya sido condenado.
    • Se regularice la situación laboral de todos aquellos trabajadores y trabajadoras contratados simulando relaciones temporales o contratos de prestación de servicios profesionales.
    • Se elimine la contratación de asesorías al margen de la carrera administrativa.
    • Se reduzcan los salarios del Presidente, Vicepresidenta de la República así como de los diputados, ministros y vice ministros de Estado y demás funcionarios de alto rango de manera que los mismos respondan a la realidad, posibilidades del país y el ingreso que garantizan a la población.
    • Se eliminen todos los privilegios discrecionalmente otorgados a las organizaciones sindicales afines al gobierno.
    • Se eliminen los gastos de representación en todos los casos en que estos se otorguen.
    • Se reforme la Ley en Materia de Antejuicio a efecto de que el retiro de este privilegio responda a criterios objetivos que impidan que el mismo opere como hasta ahora lo hace, como un mecanismo garante de la impunidad.
    • Se limiten de manera razonable los montos anuales por los que pueden hacerse compras o contrataciones sin cumplir con los procedimientos de licitación o cotización en los Estados de Excepción.
    • Se limite de manera razonable el monto mensual por el que puede utilizarse el sistema de compras directas en todas las instituciones, centralizadas, descentralizadas y autónomas del Estado.
    • Se establezca un sistema de fianzas, que permanezcan vigentes por un período no menor de cinco años, para el Presidente, Vicepresidente, Ministros de Estado u órganos directivos de instituciones descentralizadas o autónomas del Estado por el monto total de los recursos que hayan administrado durante su gestión en dichos cargos.
    • Se reforme la Ley de Extinción de Dominio a efecto de someter a la misma todo aquel patrimonio, en Guatemala o en otro país, que no se declare al momento de tomar posesión de un cargo público que conlleve la administración de recursos del Estado o que se obtenga y no se refleje en la actualización anual de las declaraciones patrimoniales que se realicen durante la gestión en dichos cargos.
    • Se reforme la Ley de las Comisiones de Postulación de manera que todos los cargos de dirección o administración de entidades descentralizadas o autónomas del Estado no derivados de un proceso eleccionario y dependientes de un nombramiento, sean sometidos a Comisiones de Postulación que permitan la fiscalización social sobre tales nombramientos.
    • Se fortalezca la estructura operativa del Estado a los efectos de minimizar al máximo la contratación externa para la realización de obra pública.

 

CONSEJO POLÍTICO
MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO
MSICG