Lunes, 02 Enero 2012 02:33

2012

El año 2011 está a unas horas de finalizar y; haciendo un recuento, nos ha dejado una serie de lecciones a través de procesos muy difíciles en medio de los cuales la sobrevivencia ha sido un resultado directo de una lucha sin tregua.

Junto con este año, también termina el período de gobierno de Álvaro Colom cuya administración ha sido la que más daño ha causado al movimiento social, cooptando y politizando dirigentes, desnaturalizando la inversión en los conocidos como programas de cohesión social hasta convertirlos en recursos proselitistas cuyo efecto puede percibirse en el incremento de pobres en el país, politizando instituciones vitales para el Estado de derecho, profundizando los privilegios a determinados grupos económicos y sacrificando las condiciones de vida de la población.

El MSICG no ha sido un simple observador de esta situación; durante este año, logró sobre la base de mucho trabajo y venciendo las adversidades planteadas incluso desde el propio movimiento sindical que Guatemala fuera primeramente señalada con un doble pie de página con llamamiento especial ante la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT y posteriormente que se le condenara con un párrafo especial en la Comisión de Aplicación de Normas de la 100ª Conferencia Internacional del Trabajo por las crecientes violaciones a la libertad sindical.

Hemos visto también como este logro, ha sido apropiado por quienes incluso hicieron todo lo posible porque ese párrafo especial no se diera, por quienes irresponsablemente pusieron en riesgo todo el caso de Guatemala partiendo de aseveraciones que no hacían sino proyectar sus propias condiciones y cuya complicidad permitió que, extrañamente y aún y cuando habían sido aprobadas por la Comisión de Aplicación de Normas, de la redacción final se arrancara la recomendación de una reforma fiscal profunda con la finalidad de proveer de fondos al Estado para el fortalecimiento del sistema de justicia.

En esa oportunidad, el MSICG, fiel a la congruencia que le ha caracterizado, protestó y denunció a todo nivel dicha anomalía (como regularmente sucede en cuestiones estructurales) en solitario y meses después, una publicación oficial de la misma OIT evidenció la veracidad de la denuncia al citar como texto de las conclusiones el llamamiento a esa reforma fiscal profunda para fortalecer el sistema de justicia.

Aún así, el párrafo especial perseguido y conseguido por el MSICG como parte de su estrategia de lucha, ha sido desnaturalizado por quienes  trataron de impedirlo en Ginebra y ahora se lo apropian, reduciéndolo a la puja por espacios en mesas y espacios de supuesto diálogo que resultan intrascendentes ante la inexistencia de dos de los elementos fundamentales para su existencia; como lo son un sistema de justicia fuerte capaz de aplicar las garantías laborales de manera pronta y acorde a su naturaleza y la buena fe del sector empresarial que no debe interpretarse como el simple hecho de sentarse a la mesa sino a una auténtica voluntad de redistribuir y conducir al país al desarrollo eliminando cada una de las causas de la exclusión social, económica y política de la mayoría de la población.

Decir esto adquiere una mayor importancia cuando tenemos en cuenta que en este año, se celebraron los 15 años de la firma de los Acuerdos de Paz y a tres quinquenios de su firma, ni uno solo de los Acuerdos ha sido implementado de manera correcta dando como resultado que esa múltiple exclusión mantenga hoy día las causas del conflicto armado interno aún más vigentes que cuando el conflicto inició.

A manera de reflexión, según lo escribiera  la Señora María Villanova de Arbenz en su libro: “Mi esposo, el Presidente Arbenz”, de conformidad con el Censo de 1950, el 76% de los propietarios registrados poseía el 10% de la tierra mientras el 2.2% de los terratenientes poseía el 70%, y esta distribución de la tierra en poco o nada ha cambiado a 61 años de dicho censo.

A pesar de esto, aún y cuando los acuerdos de paz dan origen a la creación de un fondo de tierras, este se creó e implementó como una especie de colocador inmobiliario que vendió fincas muchas veces sobre valoradas, sin que el Estado cumpliera con dotarles de la infraestructura necesaria para que fuesen productivas, sin que existiera algún tipo de apoyo técnico y crediticio para las familias campesinas y que ha dado lugar a una inmanejable deuda agraria que no es sino la puerta de entrada para un nuevo proceso de reconcentración de la tierra y su dedicación a monocultivos de vocación industrial que no solo implican un consabido riesgo ambiental sino también un riesgo relacionado con la seguridad alimentaria.

A esto debe sumarse que durante 4 años, el gobierno de Álvaro Colom omitió implementar la política de desarrollo rural integral que había aprobado e incluso debilitó los presupuestos y estructura operativa necesaria para la misma y; en complicidad con otras bancadas representadas en el Congreso de la República de Guatemala durante 4 años impidieron la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral.

El convenio 169, que fue ratificado como parte de los compromisos de los Acuerdos de Paz, sigue sin ser implementado efectivamente; se ha pretendido reducir su alcance a la consulta relacionada con la exploración y explotación mineras y las consultas realizadas han encontrado toda una serie de argumentos para no ser respetadas llegándose incluso al extremo de pretender desnaturalizarlas mediante un reglamento que lejos de regular el procedimiento para que los resultados de las consultas fuesen respetadas, generaba condiciones para que tales consultas carecieran de su esencia y efectividad.

En materia salarial, los últimos cuatro años han devenido entre los anuncios del gobierno de supuestos aumentos a los salarios mínimos y las protestas del sector empresarial por los mismos; sin embargo, tomando como base el costo de la Canasta Básica Vital para enero de 2007 (Q. 2,771.15) para el año 2010 en que su costo se fijó para el mes de noviembre en la suma de Q. 4,408.03 mensuales, observamos que ha tenido un incremento hasta el mes de noviembre de 2008 de Q. 1636.88 mensuales equivalentes al  59.07% de su valor en enero de 2007.  A pesar de esto, los salarios mínimos, incluyendo su fijación que cobrará en vigencia para el mes de enero de 2012, solamente se incrementados en Q. 702.60 para las actividades agrícolas y no agrícolas y en Q. 500.40 para las actividades denominadas de exportación y de maquila.

A simple vista, puede percibirse que no solo no ha existido incrementos a los salarios mínimos que ya para enero del 2007 presentaban un déficit promedio del 103.43%, sino que los reajustes no  han sido suficientes para evitar al menos que se continué acumulando dicho déficit, derivando esto que para el mes de enero de 2012 y sobre la base del costo de la Canasta Básica Vital para el mes de noviembre de 2011, los salarios hayan sufrido una pérdida equivalente al 33.71% de su valor para las actividades agrícolas y no agrícolas y al 41.01% en el caso de las denominadas de exportación y de maquila.

En términos más particularizados, teniendo en cuenta que el indicador conocido como Canasta Básica Vital -CBV- tasa buena parte los satisfactores que debe cubrir el salario mínimo, tenemos que cada trabajador de las denominadas actividades agrícolas percibió de enero de 2007 a noviembre de 2011, en concepto de salario, suponiendo que todos los patronos hayan cumplido con pagar el salario mínimo legalmente fijado, la suma de Q. 96,820.80, los de las actividades no agrícolas la suma de Q97,687.2 y los de las actividades denominadas de exportación y de maquila la suma de Q92,782.20 aún y cuando, de conformidad con la ley, debieron percibir al menos Q208,829.53.

Con estos datos, sumados al incumplimiento de los salarios mínimos en muchos centros de trabajo y la debilidad del sistema de justicia para garantizar que todas las relaciones laborales sean declaradas como tales así como garantizar el pleno cumplimiento de todas las garantías que de ella provienen, no tiene por qué resultarnos extraño que la pobreza se incremente y que miles de guatemaltecas y guatemaltecos partan como migrantes ilegales hacia otros países enfrentando explotación, leyes, conductas xenófobas e incluso la violencia del crimen organizado y que ello les parezca mejor que permanecer en su país resultando irónico en esas condiciones que el gobierno pretenda negociar mecanismos de permanencia de nuestras hermanas y hermanos en otros países, cuando aquí, en su país, esas mismas autoridades no hacen esfuerzo alguno por garantizarles un trabajo decente y las expectativas de una vida digna y de desarrollo para ellas y ellos y sus respectivas familias.

A esta tendencia a la precarización debemos agregar el proceso de despojo de la seguridad social que está implementando el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con la complicidad de supuestos representantes de los trabajadores y del propio Ministerio Público que en juicio, ha denominado “proceso de descentralización” al proceso de privatización de los servicios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-.   En nuestro país, los supuestos representantes de los trabajadores en la Junta Directiva del IGSS, han incluso celebrado la suscripción de acuerdos que ceden todo aquello por lo que las trabajadoras y trabajadoras alrededor del mundo han luchado por defender en tanto el resto del sindicalismo en Guatemala, a excepción del MSICG que ha defendido en todos los escenario posibles incluyendo ante la justicia constitucional planteando 5 acciones de inconstitucionalidad, no hayan pasado de limitados discursos pero sin resistencia o acciones reales de la misma forma que han omitido de su agenda la exigencia de ratificación del Convenio 189 de OIT.

También en esto se ha dado un giro a la lucha, en un país en donde el Estado no hace sino que garantizar la exclusión, el afectar las pocas garantías que este ofrece a la población no parece ser un mecanismo congruente con el discurso de nuestras organizaciones ni con las necesidades del pueblo en el cual se encuentran nuestras bases; de allí que se haya optado por evitar la paralización de servicios ya que sería inviable sostener que se lucha por los intereses del pueblo cuando bajo nuestras banderas se les priva de lo poco que el Estado les garantiza. Y esto ha sido una lección que ratifica la importancia de una autorreforma profunda en el qué hacer sindical.

También este año fue un año electoral aun y cuando existió proselitismo durante los cuatro años anteriores  que pusieron en evidencia las debilidades del sistema de partidos políticos frente a un Tribunal Supremo Electoral sin las herramientas necesarias para impedir las campañas anticipadas, para garantizar la transparencia en cuanto a los financiamientos de la campaña y garantizar que pudiera existir cierto nivel democrático en las posibilidades de elegir y ser electo, sobre todo en cuanto a esto último puesto que las notables diferencias en cuanto al monto real de lo invertido en campañas políticas deja sin posibilidad alguna de ser electo a quien no asuma los compromisos que le permitan contar con los recursos para financiar una campaña cada vez más onerosa.

Este proceso degenerativo de la democracia, incluso de la democracia formal que implica el proceso electoral en estas condiciones, nos colocó a las guatemaltecas y guatemaltecos ante la campaña política de más bajo nivel de propuesta en la historia del país y, en consecuencia, su resultado, sin importar quien haya ganado, ha sujetado el destino de las guatemaltecas y guatemaltecos a los intereses de quienes financiaron las campañas políticas y que, naturalmente, en un país en donde la exclusión y la pobreza afectan a la mayoría de la población, no han sido pagadas por esas mayorías cuyo papel ha sido reducido a la legitimación en urnas de quienes no tienen otra alternativa que responder a quienes les financiaron una campaña que solo ha ilustrado el nivel de concentración de la riqueza en pocas manos.

Esto, trae a colación nuevamente el tema de los acuerdos de paz; hoy día, se anuncia con bombos y platillos las condenas y persecución penal contra los responsables materiales de las masacres, se busca y persigue a quienes de alguna forma participaron en esta pero…. ¿Y los intereses que motivaron esas acciones?... ¿Seguirán impunes?.... Cada masacre en el país tuvo una relación directa con algún interés económico, que si no era la minería lo era la concentración de la tierra; en sí, los mismos intereses que truncaron en 1954 el proceso que se había iniciado en 1944 pero…. ¿Se está investigando?...  Asumir que estas condenas o procesos están marcando un hito histórico, nos parece, es demasiado aventurado, conformarse con eso solamente encubre  a quienes han sido los verdaderos responsables tanto del conflicto armado como de las condiciones que actualmente tienen a Guatemala en la situación actual y en tanto la justicia no les alcance la cauda histórica del conflicto seguirá latente.

Y  lo anterior viene a colación porque son también esos mismos intereses que impulsaron las masacres en el país los mismos intereses que se involucran en el asesinato de dirigentes campesinos e indígenas así como en la persecución que el movimiento sindical sufre en Guatemala desde 1954 y respecto a cuya solución no pueden sustentarse grandes expectativas a partir del hecho de que es la esa misma Fiscal General y Jefa del Ministerio quien ha emprendido una persecución contra el SITRADICMP.

El abogado del Estado, el Procurador General de la Nación, ha iniciado también una serie de ataques en contra del sindicato más representativo y autónomo con la finalidad de imponer a las trabajadoras y trabajadores de la institución condiciones asimilables al trabajo forzoso, esto con la complicidad del sistema de justicia que ha otorgado un amparo calificando de obstrucción el libre ejercicio de la libertad sindical.

Pero el año nuevo tampoco parece avizorar un cambio significativo en todo esto, existe a nivel mundial una crisis latente que pretende resolverse profundizando las medidas que la propiciaron; la especulación realizada con fines de concentración de la riqueza en pocas manos les ha llevado a también especular respecto a que reducir la redistribución y afectar el estado de bienestar en los países europeos resolverá el problema y eso parece ilógico desde las mismas leyes básicas del mercado; una menor redistribución solo puede acarrear una menor demanda y esto obligar a reducir la oferta creando un círculo interminable de precarización del nivel de vida de las mayorías.

En Guatemala, está por asumir un nuevo gobierno, que ofrece respeto a la ley, a la libertad sindical y trabajo decente; sin embargo, aún antes de tomar el poder, se esfuerza en cabildear con algunas organizaciones la aprobación de un proyecto denominado “Proyecto de ley de inclusión laboral” que pretende, mediante una norma ordinaria, reformar la regulación de la jornada de trabajo protegida en la Constitución Política de la República de Guatemala a efecto de dar lugar a la contratación a tiempo parcial, evadiendo la oposición de las organizaciones y aún la propia opinión de la OIT respecto a los efectos precarizantes que una norma de tal naturaleza podría tener en el país.

Extrañamente, aún no existe un pronunciamiento de oposición por parte de las organizaciones a las cuales el futuro gobierno se ha acercado ofreciéndoles a cambio del aval un supuesto respeto a la libertad sindical y les ha entregado oficialmente la copia de la propuesta.

Para el MSICG, al igual que para la OIT, la libertad sindical no puede ejercerse libremente cuando no existe pleno respeto de las garantías básicas y; en ese sentido, como lo muestra el proceso de debilitamiento del sindicalismo en Guatemala, este ha ido a la par del debilitamiento de las garantías que protegen al trabajo y, referirse a la posibilidad de respetar la libertad sindical en un escenario de legalización de la precariedad laboral como el que presupone dicha propuesta parece carecer de un horizonte lógico.

Para el MSICG, la libertad sindical solamente será posible en la misma medida en que se avance hacia la generación de verdaderas condiciones de trabajo decente en el país, en la misma medida en que el sistema de justicia asegure la garantía de la coercibilidad de la norma y en la misma medida en que el diálogo social se asiente en un pleno cumplimiento de la ley como punto de partida.

De la misma forma, tiene claro que el trabajo decente no será posible hasta en tanto no se resuelva la problemática agraria, en que se avance en la democratización del acceso a los medios de producción de riqueza y del bienestar, en la misma medida en que los salarios y los tributos cumplan con su función redistributiva y en paulatinamente, la exclusión económica, política y social que aqueja a la mayoría de la población pueda ser eliminada.

Esto, implica para el MSICG seguir recibiendo ataques, profundizar el trabajo en todas sus áreas y mantener su autonomía y pleno compromiso con los cambios estructurales que se requieren;  igualmente, vaticina que el nuevo año será de mucha lucha a la espera de que la misma fructifique en la construcción de un lugar que pueda llamarse patria, en donde vivir sea sinónimo de dignidad y desarrollo  e igualdad de oportunidades.